El sistema de educación pública es como una mala serie de televisión en la que cada nuevo episodio repite el guion del anterior; la misma trama y protagonista con pequeñas variaciones en los personajes de reparto. Al final de cada episodio se arriba a un caro arreglo que logra calmar al sindicalismo magisterial; un libreto repetitivo en el que triunfan el maestro y el burócrata, pasando por encima del estudiante. El progreso se mide con las “conquistas laborales” del magisterio, en lugar de resultados del alumnado. Por más de un cuarto de siglo, el STEG liderado por Joviel Acevedo ha sido el protagonista en la política educativa del país, valiéndose de paros y acciones callejeras para presionar a distintos gobiernos.
Es un modelo que recompensa la permanencia sobre el desempeño; capturado por un sindicato vergonzosamente opuesto a cualquier intento por vincular la estabilidad laboral con los resultados en el aula.
La calidad de la educación pública no depende únicamente del nivel de gasto; Guatemala dedica más de Q25 mil millones, que supera 17% del presupuesto del Gobierno, al Ministerio de Educación. El ritmo en el aumento de gasto supera por mucho el de resultados educativos. En la prueba PISA 2022, el país ocupó el puesto 77 de 81 en Matemáticas y 73 en Ciencias. Mientras tanto, países como Vietnam —que gastan menos por alumno que Guatemala— superan ampliamente a naciones latinoamericanas. La raíz del problema va más allá de cuánto se gasta, se encuentra en el diseño de incentivos, la estructura institucional y el grado de competencia y autonomía dentro del sistema educativo.
Por principio, es indispensable separar la política educativa del chantaje y agendas ideológicas; alcanzar un acuerdo multisectorial sobre la educación que trascienda gobiernos. La estructura del sistema giraría en torno a mérito; premiar la excelencia y desincentivar la mediocridad y pobres resultados. La eficiencia de cualquier organización depende en gran parte de su capacidad para distinguir entre aciertos y errores y, crucialmente, contar con mecanismos de corrección de ruta. Podría crearse un sistema de concurso nacional transparente y competitivo para contratar docentes, alejado del credencialismo y enfocado en capacidades, gestionado por una autoridad independiente.
La gestión del sistema educativo tiene que evaluarse constantemente en términos de la calidad de lo que está llamado a producir; jóvenes educados con conocimientos y habilidades, preparados para hacerse cargo de su vida y realizar su potencial. Requiere evaluar constantemente los conocimientos y capacidades de los estudiantes, por municipio, escuela y grupo sociodemográfico, idealmente gestionado por organizaciones y empresas técnicas independientes del magisterio y las autoridades educativas, que sería información pública. Esta es la base principal para determinar la efectividad del sistema, la organización, el uso de recursos y especialmente, los docentes.
El sistema podría beneficiarse de introducir competencia dentro del sector público. Modelos como vales educativos, escuelas por contrato, centros escolares con autonomía de gestión, han mostrado resultados alentadores en otros países. Implementar programas piloto permitiría experimentar con estas fórmulas en determinadas regiones o municipios, bajo supervisión técnica y evaluación externa. Lo importante es que las decisiones futuras se tomen con base en evidencia de resultados medibles y que el sistema se libere de la captura sindical e ideológica.
Por lo pronto, es de esperar el próximo capítulo, que será igual al anterior.
