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La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Forma parte de lo que se conoce como Carta de Derechos Humanos, que incluye la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos entran en vigencia en 1976.

Llevamos más de 70 años de estar hablando del tema a nivel mundial. A pesar de ello, es un tema pendiente para muchos y, para otros, es una herramienta para obtener privilegios y manipular a sectores de la población con fines políticos, ideológicos o vengativos. Lamentablemente en nuestra Guatemala, es una herramienta de destrucción. Veamos.

El Congreso de la República conformó una comisión para evaluar el trabajo realizado por CICIG. Está totalmente facultado por ley para hacerlo. Pero la nefasta corte de constitucionalidad, extralimitándose en sus funciones, les dijo que no lo podían hacer. Algunos diputados se habrán sentido temerosos y decidieron no continuar. Pero aún tenemos valientes que retomaron el tema, pues Guatemala es una República, con independencia de poderes, así que no le tienen que hacer caso a esa corte.

Hemos visto en las noticias y transmisiones en directo, las declaraciones de los familiares de algunos de los acusados que fallecieron sin haber recibido el debido proceso. CICIG los metió a la cárcel y tiró la llave. Los testimonios son desgarradores.

El artículo 8 de la Declaración dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. ¿Y el derecho a prisión preventiva? El Artículo 11, inciso 1, dice: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. ¿Y el derecho de ser escuchado por un juez, que fue negado al Coronel Chiroy una y otra vez, causándole siete años de prisión?

Hablemos del nombrado procurador de los derechos humanos nombrado por el Congreso, quien se ha dedicado a viajar, pero también a defender a aquellos que sirven para sus intereses espurios. No lo vemos defendiendo a los encarcelados injustamente pero sí a los grupos de lucha como las feministas (procesión de la vulva), la comunidad LGBTI, las oenegés de izquierda, a los tres nefastos y corruptos magistrados de la corte de constitucionalidad, entre otros. Los que no pertenecemos a estos grupos y otros que lo benefician, somos menos humanos. Y los diputados, que tienen la capacidad de destituirlo, no le hacen caso a las más de 23,000 firmas que lo exigimos pues tal parece que pertenecemos a esos “no tan humanos” ciudadanos guatemaltecos.

El día de ayer hubo una pequeña manifestación, con bloqueo incluido, de trabajadores de la PDH. Irónicamente, algunos carteles decían “nosotros también tenemos derecho al trabajo”. Desconozco la causa del disgusto. De pronto ellos también son “menos humanos”.

CODECA es otro que no deja de sorprenderme. Insisten una y otra vez que la energía eléctrica es un derecho humano. Para empezar, esto no aparece en la Declaración. También obvian, convenientemente, que para tener energía eléctrica alguien tiene que invertir primero para generarla, otro para transmitirla, etc. A CODECA le encanta bloquear carreteras para “exigir sus derechos”. Nuevamente, obvian lo que les conviene, como es el Artículo 29, inciso 2: “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás…” ¿Y la libertad de locomoción y de comercialización del resto de nosotros?

Finalmente, no puedo dejar de mencionar lo más inaudito que sucedió ayer. En la misma ONU, de donde emana la Declaración Universal de Derechos Humanos, Venezuela ha obtenido un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, “a pesar de las grandes violaciones a los derecho humanos que han causado el éxodo de cientos de miles de venezolanos que huyen de una crisis humanitaria sin precedentes” (texto obtenido del comunicado de prensa publicado por el Gobierno de Guatemala).

La ONU es una organización de extrema izquierda. No es de extrañar que esto suceda. Esa elección es el resultado de la postura de más de 90 países allí representados. ¿Se creerán más humanos que el resto de la humanidad? Felicito al gobierno de Guatemala por votar en contra y al Congreso de la República por continuar su investigación sobre las actuaciones de la CICIG.

Carolina Castellanos

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