En una maratónica noche, el martes 19 y miércoles 20 de noviembre, el Congreso de la República llegó a los consensos necesarios para aprobar con 122 votos, de urgencia nacional, la iniciativa 5074, Ley de Competencia; que regula fija o manipula precios, cargos, descuentos, honorarios, regalías, tarifas o tasas, en forma directa o indirecta, en la venta o compra de bienes o servicios.
La Ley de Competencia cuenta con 121 artículos. Entre ellos, la creación de la Superintendencia de Competencia, que será la entidad a cargo de velar porque la norma se cumpla, investigar y sancionar malas prácticas de mercado.
Un total de 119 diputados votaron a favor de la normativa, la cual está contenida en el Decreto 32-2024, Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.
La citada ley establece la creación de dos regímenes especiales de tributación simplificada. El primero se aplicaría a quienes se dediquen a actividades de agricultura y artesanías. A ellos les correspondería pagar un impuesto equivalente al 1.5% del importe de sus ventas brutas con carácter de pago definitivo. Entretanto, los exportadores de los artículos mencionados pagarían el 2%.
Un segundo régimen se destinaría a personas individuales o jurídicas dedicadas a la producción y comercialización de productos de los sectores pecuario, hidrobiológico y apícola.
El proyecto indica que el sector tendría que pagar un impuesto equivalente al 1.5% sobre el importe de sus ventas brutas, ya sea dentro o fuera de la finca o áreas de producción, con carácter de pago definitivo.
