La decisión responde a una inconstitucionalidad promovida por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
El monitoreo a medios de comunicación, impulsado por el Gobierno de Bernardo Arévalo mediante el acuerdo 189–2024, quedó suspendido de manera provisional. La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la palabra “monitoreo” no debía estar vigente en el documento legal reformado por el Organismo Ejecutivo.
El Ejecutivo modificó las funciones de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), permitiéndole monitorear a medios de comunicación y presentar denuncias por posibles casos de discriminación y racismo contra pueblos indígenas.
