Hace meses anticipé que establecer un salario mínimo por encima del valor de mercado genera desempleo y encarece bienes y servicios.
Por ejemplo, un pequeño comerciante que vende panes con pollo y emplea a dos personas enfrentará un aumento en sus costos operativos debido al alza en los precios de insumos como huevos, harina y pollo. Esto sucede porque los productores de dichos insumos también deben afrontar mayores costos salariales. En consecuencia, el comerciante no solo debe pagar más a sus empleados, sino también asumir el impacto de los insumos más caros, lo que lo obliga a subir los precios de sus productos. Así, el aumento del salario mínimo, que podría ser de un 10%, desencadena incrementos de precios que superan el 20%, afectando a toda la economía.
En el contexto regional, Guatemala tiene el cuarto salario mínimo más alto de América Latina, con $483.99 mensuales, superando a México. En 2024, el Producto Interno Bruto de Guatemala fue de $104.4 mil millones, mientras que México, ocupó el puesto 25 a nivel global, frente al puesto 76 de Guatemala.
El panorama económico de Guatemala para el 2025 es preocupante. Se proyecta un déficit fiscal del 3.1% del PIB, el más alto en ocho años, sumado a un endeudamiento masivo aprobado por el Congreso al Ejecutivo. Esta combinación de factores es una receta para una inflación acelerada y un aumento de precios de al menos 20%. Además, los problemas en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria complican aún más la logística de transporte, encareciendo los productos básicos.
De hecho, ya se observan incrementos en productos y servicios que superan el 10% asociado al aumento del salario mínimo, con subidas adicionales en el precio del combustible, que ha aumentado entre Q0.60 y Q0.80 por galón.
El aumento del salario mínimo, no solo encarece el costo de vida, sino que también limita el acceso al empleo formal, especialmente para los sectores más vulnerables.
