Suelen carecer de árbitro que haga valer el cumplimiento de reglas.
En el amor y la guerra no hay reglas, reza un proverbio; todo se vale y las personas no están sujetas a comportamiento razonable. Las guerras exacerban lo mejor y lo peor de la naturaleza humana; suelen carecer de árbitro que haga valer el cumplimiento de reglas.
En un comunicado, el pasado 20 de mayo, el fiscal Karim A. A. Khan solicitó órdenes de arresto ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra líderes políticos de Gaza e Israel. Un panel de tres jueces decidirá si otorga las órdenes de detención y el caso procede.
En su portal, la CPI describe cómo “investiga y, donde amerite, somete a juicio a individuos acusados de los más graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”. Asentada en La Haya, Países Bajos, la CPI se gobierna por un tratado llamado El Estatuto de Roma. Estados adheridos al Estatuto se comprometen a hacer efectiva una orden de arresto emitida por la CPI. Tiene dientes, pero no colmillos; EE. UU., Rusia, China, India, Israel y muchos otros países no pertenecen a este tratado ni acatan sus decisiones. En 2023, la CPI emitió orden de arresto para el presidente ruso, Vladímir Putin, acusándolo de ser responsable del secuestro de niños de Ucrania. La respuesta de Rusia fue emitir órdenes de arresto para el fiscal Kahn y los jueces de la CPI.
El fiscal Khan dice tener evidencia de que Yahya Sinwar, jefe del Movimiento Islámico de Resistencia (Hamás) en la Franja de Gaza, junto con otras dos autoridades nombradas, son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel. Destaca ocho violaciones del Estatuto de Roma, incluyendo exterminación, asesinato, toma de rehenes, violación y otros actos de agresión sexual, tortura, actos inhumanos, crueldad y ultrajes a la dignidad personal. “Estos actos exigen la rendición de cuentas”.
El fiscal de la CPI también dice tener bases razonables para creer que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Galland, ministro de Defensa, son responsables por una serie de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Lista siete violaciones del Estatuto, que incluyen provocar hambruna como método de guerra e intencionalmente atacar a la población civil. Esto significa que si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pusiera pie en territorio de una de las naciones signatarias del Estatuto, las autoridades de ese país estarían legalmente obligadas a detenerlo.
En general, gobiernos de occidente desaprueban las acusaciones del fiscal de la CPI por equiparar a Hamás con el gobierno de Israel; no hay tal equivalencia. Hamás es reconocida como una organización terrorista; el conflicto actual se desató tras su salvaje ataque en el que masacró a poblaciones civiles de Israel y secuestró a cientos de rehenes, incluyendo niños. Para Israel sería intolerable que los líderes y actores de la masacre queden impunes y continúen su ataques; Hamás se escuda con la población civil de Gaza. Cada muerto civil en Gaza le permite a Hamás denunciar las “atrocidades” del ejército de Israel. Los sufridos palestinos son víctimas de sus propios líderes, cuyo credo es la destrucción de Israel.
Es difícil ver cómo Israel puede erradicar a Hamás del poder sin afectar a la población civil de Gaza. No puede quedar impune; la debilidad invita agresión, la tolerancia de abuso provoca más abusos. La guerra es terrible; lo que hagan fiscales de organismos internacionales no acabará con ella. Quizás la hagan peor.
