Mitos de la voluntad popular,opinión de:Fritz Thomas

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A propósito de iniciativas para “reformar” la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es oportuno reflexionar sobre la soberanía de la voluntad popular. El artículo 140 de la Constitución establece que el Estado se organiza “para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo”. El artículo 141 establece que “La soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Se pensaría que cualquier discusión de la LEPP versaría en principio sobre si esta cumple con los cometidos de estos dos artículos de la Constitución, entre otros.

En Las obras del partido-estado (The Workings of the Party-State, 2023), el filósofo Matthew Crawford propone que somos testigos de una transformación del régimen político, en el que la soberanía, entendida como la autoridad para decidir, es gradualmente redireccionada de su marco constitucionalmente dispuesto, presuntamente afable a la mayoría, a un conjunto de clerecías técnicas y morales. Este clero dota a un “ente como estado” que amplía su dominio en dos frentes: la revolución de causas y la colonización de la vida ordinaria por la sabiduría técnica. Comparten una ética implícita; su legitimidad descansa en la identificación de vulnerables que el ente gobernante es llamado a proteger. Amplían el alcance de su autoridad administrativa, generan nuevos grupos representados y descalifican el sentido común como guía de la realidad. Identifican clases de personas necesitadas de protección especial, los adoptan como clientes y los presentan de forma idealizada. Los clientes sirven de causa para la creación de programas de control social, transfiriendo poder a una clase de administradores sociales y cazadores de rentas políticas, empoderados por un ideal de compasión.

Esta nueva forma de “lucha de clases” minoritarias presenta escenarios de constantes emergencias morales en torno a diversos grupos victimizados, eximiendo a las élites políticas de restricciones impuestas por sus mayorías y sus normas fundamentales. Siguiendo la costumbre en ciencias políticas, Crawford distingue entre dos tipos de representatividad: el modelo de delegado y el modelo de administrador o fiduciario. El legislador delegado tan solo canaliza la voluntad popular de sus representados; el administrador o fiduciario responde a una autoridad más alta; su propio conocimiento experto. El legislador administrador no se deja llevar por la ignorancia de sus representados; es guiado por su propia sabiduría.

La legitimidad del poder, entonces, no descansa en la voluntad de la mayoría, sino en el imperativo de atender a las víctimas de la sociedad. Como refuerzo a su imperativo moral, el reino de expertos se posiciona sobre una base científica; el experto aplica la ciencia que la voluntad popular no entiende o quiere.



La élite
política se fortalece en un Estado que no practica la democracia republicana
como un proceso continuo e idealmente localizado, sino como un ejercicio
electoral discreto que se practica cada cierto número de años. La voluntad de
la mayoría es sobrevendida e idealizada como base de legitimización de lo que
hacen los poderes en la realidad. El sistema político de Guatemala es un modelo
de partidocracia muy distanciado de la representatividad. Esta es una de las
raíces de las debilidades de la LEPP.


Errata: En mi columna del 11 de abril escribí que Mario Aguirre Godoy falleció en el incendio de la Embajada de España en 1980. Me equivoqué; él sobrevivió.


ESCRITO POR:

Fritz Thomas

Doctor en Economía y profesor universitario. Fue gerente de la Bolsa de Valores Nacional, de Maya Holdings, Ltd., y cofundador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

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