China intensifica las penalizaciones contra deudores morosos, privándolos de servicios esenciales como el acceso a trenes de alta velocidad y hoteles de categoría, en un intento por sancionar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones financieras. Estas medidas se presentan en un contexto donde el país enfrenta un creciente endeudamiento personal que supera los 11 billones de dólares, cifra significativa en una nación donde los ingresos son considerablemente bajos.
Según el diario The Wall Street Journal, el número de personas incluidas en la lista negra gubernamental de morosidad ha aumentado en un 50% desde fines de 2019, alcanzando los 8,3 millones.
El régimen chino justifica estas acciones señalando que son medidas dirigidas únicamente a aquellos que, teniendo la capacidad, eligen no pagar sus deudas. Sin embargo, la falta de un sistema de bancarrota personal en China, que permitiría a los individuos reestructurar o eliminar deudas insostenibles, ha sido criticada por académicos quienes argumentan que perjudica la equidad y restringe las oportunidades de recuperación financiera para los ciudadanos.