En el ámbito de la política económica, es fundamental considerar el sistema político, ya que este define el sistema económico, y ambos sistemas determinan el sistema jurídico. Cualquier intento por transformar los ámbitos político y económico se refleja en cambios al ámbito jurídico, por ser este la base de los otros dos sistemas.
Por eso los todos los cambios propuestos en el Congreso actualmente tienen un impacto directo en el sistema económico y político del país. Uno de ellos es la “Ley de Competencia”, conocida como Iniciativa 5074, que busca desconcentrar el mercado y evitar prácticas monopólicas. Sin embargo, es necesario analizar cuidadosamente algunos elementos. La regulación de concentración o fusión de agentes económicos requiere notificación previa, pero no autorización expresa. Además, la redacción de la norma puede interpretarse de forma restrictiva, lo que representa un riesgo para las transacciones comerciales.
Esta iniciativa introduciría arbitrariedad en la determinación de prácticas monopolistas, dejando la decisión en manos de burócratas sin independencia.
Además, la creación de una Superintendencia de Competencia además, de generar burocracia, no garantiza la libertad de competencia, puesto la objetividad de esta superintendencia es cuestionable, ya que no gozará de independencia en sus acciones, dado que la autoridad de la institución y su presupuesto estarán subordinados a quienes los colocaron en el puesto les den instrucciones sobre a quiénes perseguir y a quienes no.
Es importante considerar que altos márgenes de ganancia pueden fomentar la competencia sin necesidad de intervención estatal ni barreras para competir, por eso la implementación de esta ley plantea desafíos y cuestiona su efectividad y aplicabilidad.
Hay que tomar en cuenta que una ley mal concebida puede empobrecer al país y afectar la inversión. Es necesario evaluar cuidadosamente los efectos en el contexto guatemalteco.
La Constitución y el Código de Comercio abordan aspectos de competencia desleal. No se necesita una ley adicional, sino simplificar la legislación existente y garantizar la libertad empresarial para promover el desarrollo.
El derecho de competencia y la política pública son importantes, pero la implementación de una ley debe considerar las necesidades y realidades locales. No se trata de adoptar modelos extranjeros, sino evaluar cuidadosamente el contexto guatemalteco.
En resumen, los términos propuestos en el proyecto deben ser analizados cuidadosamente para considerar su impacto en la economía y política del país, garantizar la libertad empresarial y respetar la Constitución. Por todo esto la implementación de una ley de competencia en este momento político no es lo más recomendable.