Consideraciones sobre una ley de competencia en Guatemala, opinión de Nicholas Virzi

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No se debe aprobar una LDC por urgencia impuesta, ni mucho menos con sesgos políticos. Cualquier ley debe ser bien pensada y escrita.

En el Congreso de Guatemala se discute la iniciativa 5074, la famosa ley de competencia (LDC) que unos dicen debe ser aprobada con urgencia. Sin embargo, la cooperación americana está pagando dos consultorías específicas para (1) redactar una LDC y (2) comunicar su necesidad (USAID).

Desde que se publicaron las dos convocatorias surgieron sospechas que los redactores y comunicadores de dicha propuesta de ley se seleccionarían a dedo de un exclusivo club de privilegiados, previamente identificados por la organización que domina el mercado de ayuda internacional. Dichas sospechas son razonables. Por ejemplo, Foreign Policy y Devex han detallado las críticas que USAID ha recibido por su práctica anticompetitiva de dispensar fondos a un grupo concentrado de grandes firmas consultoras.

Lo que no queda claro es si los diputados guatemaltecos se irán por la versión nacional o la versión extranjera, o alguna combinación de las dos.

Lamentablemente, el tema de competencia se ha politizado en Guatemala. La mejor práctica sería que, antes de aprobar una LDC (como cualquier ley), se eliminara la posibilidad de que políticos y funcionarios puedan abusarla para avanzar sus propios intereses. Este fin se ayuda proponiendo requisitos de dominancia técnica entre los reguladores y jueces que van a ver temas de competencia.

Las LDC han sido foco de debate entre economistas de distintas ideologías, incluso dentro del mismo campo liberal. James Buchanan, premio Nobel de economía, criticó “la torpeza libertaria de extender la defensa de la libertad de los individuos de participar en intercambios voluntarios ordinarios a la defensa de la libertad de los individuos de celebrar acuerdos voluntarios a favor de la restricción del comercio.”

Ningún agente privado, o combinación de los mismos, tiene derecho a vetar la participación de empresas en el mercado. Muchos economistas liberales y empresarios estarían de acuerdo con esa proposición.

La oposición más fuerte a cualquier LDC viene de la academia liberal, no de los empresarios. Lo que empresarios temen son las consecuencias no intencionadas negativas que podrían resultar de una LDC mal redactada.

Es un temor basado en hechos concretos (CATO).

En el contexto político actual, es probable que se pase una LDC en Guatemala en el corto plazo. La posición pragmática ha de reconocer que viene una LDC escrita con condiciones sugeridas por fuerzas externas. Existe la voluntad política extranjera para que Guatemala importe una LDC aprobada por expertos y funcionarios foráneos y vendida nacionalmente por gente pagada con fondos extranjeros. La realidad es que esa voluntad política extranjera ha sido condición suficiente para pasar leyes en Guatemala basadas en lo que extranjeros dicen que serviría el interés común de los guatemaltecos.

El Congreso debería de asegurar que cualquier iniciativa que apruebe se apegue a los principios del debido proceso y se ajuste a las necesidades de desarrollo del país. Las pequeñas empresas son clave para el empleo y los ingresos familiares, pero la realidad es que Guatemala no va entrar en la senda de expansión que necesita para bajar sus niveles de pobreza basando su estrategia de desarrollo nacional en las MIPYMES.

Siguiendo el ejemplo de EE. UU., la LDC que apruebe el Congreso debería de descartar el prejuicio ex ante en contra de las grandes empresas. El concepto de la maldición de la grandeza del Magistrado Louis Brandeis (Corte Suprema, EE. UU.) caracterizaba el enfoque de competencia en el país por décadas, que resultó en una degradación en la certeza jurídica. Finalmente, el jurista Robert Bork logró cambiar la aplicación de las LDC de protección a los competidores a un enfoque sobre bienestar del consumidor.

La abogacía por la competencia debería de incluir una mayor liberalización del comercio y el quite de las regulaciones estatales indebidas que crean barreras artificiales de entrada a los mercados, como lo serían licencias innecesarias u onerosas, reglas “fitosanitarias” abusadas, etc.

Estas reglas estatales influyen mucho en los precios que pagan los consumidores. Por ejemplo, se cita el ejemplo de los precios de los medicamentos en Guatemala, que se señalan como más caros que en otros países de la región. Lo que no se toma en cuenta es que los precios de los medicamentos en EE. UU. son mucho mayores que en otros países similares, cuando todos los países comparados ya cuentan con una LDC. Una LDC no necesariamente va bajar los precios como dicen.

No se debe aprobar una LDC por urgencia impuesta, ni mucho menos con sesgos políticos. Cualquier ley debe ser bien pensada y escrita. Se habla mucho de que Guatemala es de los pocos países de la región que no cuenta con una LDC. Saquemos lo positivo de ese hecho. Se deben adoptar las lecciones aprendidas y mejores prácticas de otros países, para evitar las fallas que se han evidenciado en otros países. Sería mala práctica no hacerlo.

La opinión de este artículo es ajena a Noticiero El Vigilante

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