Mal con ellas, peor sin ellas.
El viernes pasado, la policía ecuatoriana tomó por asalto la embajada de México en Quito y detuvo a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Glas continuó como vicepresidente de Lenin Moreno, elegido presidente en mayo de 2017 para suceder a Correa. En diciembre de 2017, Glas fue condenado a ocho años de prisión por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Tras una serie de recursos judiciales, Glas obtuvo la libertad condicional en noviembre de 2022. A finales de 2023, la justicia ecuatoriana lo acusó por otro caso de corrupción; luego Glas se refugió en la embajada de México en Ecuador y solicitó asilo político.
La relación entre los gobiernos de México y Ecuador ya estaban tensas. Dos días antes de la toma de la embajada, el presidente mexicano López Obrador declaró que el triunfo electoral de Noboa en Ecuador había sido influenciado por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El gobierno ecuatoriano reaccionó declarando persona non grata al embajador de México. La reacción de López Obrador fue otorgar asilo político a Glas. Esa misma noche la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana y detuvo a Glas.
Hay pocos precedentes desde la Convención de Viena (1963), que estableció las reglas de inmunidad diplomática. En 1979, activistas iraníes tomaron la embajada estadounidense y tomaron de rehenes a miembros de la misión diplomática durante 444 días. En 1981, el gobierno de Cuba irrumpió en la embajada de Ecuador para detener a funcionarios cubanos que buscaban asilo.
Las reglas de la diplomacia internacional pueden ocasionalmente ser abusadas.
Un precedente muy particular ocurrió el 31 de enero de 1980, cuando miembros de la policía de Guatemala rodearon e intentaron ingresar a la embajada de España. Días antes, el entonces embajador de España, Máximo Cajal, había visitado Quiché, donde se reunió con líderes del Comité de Unidad Campesina (CUC) y un comandante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). El embajador Cajal invitó a algunas figuras públicas de renombre a una reunión en la embajada, en la mañana del 31 de enero. A mediodía, cerca de 30 líderes del CUC, universitarios y guerrilleros irrumpieron en la embajada; el embajador lo permitió. Durante el asedio de la policía se produjo un incendió en el que fallecieron 37 personas, incluyendo al exvicepresidente Eduardo Cáceres Lehnhoff, el excanciller Adolfo Molina Orantes y el jurista Mario Aguirre Godoy, quienes casualmente habían sido invitados por el embajador ese mismo día. La evidencia apunta a que el incendio fue causado por bombas molotov que portaban miembros del grupo campesino y guerrillero que habían tomado la embajada.
Hasta la fecha estos hechos trágicos son motivo de apasionada controversia. Por una parte, se tiene que la Policía irrumpió en la embajada de España, violando acuerdos diplomáticos, y por otra, el embajador español se prestó al complot de la toma de la embajada por parte del CUC y el EGP, engañó y usó de escudos a prominentes guatemaltecos.
Lo que ocurrió en Ecuador el viernes pasado es materialmente diferente de lo que sucedió en Guatemala en 1980. Lo que une estos hechos es que la policía de un país irrumpa en la embajada de otro país, y que una misión diplomática se escude en su inmunidad para intervenir en la política del país anfitrión. El gobierno de Ecuador y su presidente, Noboa, pagarán un alto precio diplomático. Esto le parecerá magnífico al presidente mexicano, López Obrador, pariente ideológico de Rafael Correa. Las reglas de la diplomacia internacional pueden ocasionalmente ser abusadas y darse el caso de mal con ellas, peor sin ellas.
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