Es de todos sabido que desde que inició el nuevo período democrático en Guatemala, hace casi 38 años, todos los gobiernos sin excepción se han apoyado en el personal del ejército y en sus recursos para poner en práctica muchas de sus políticas o simplemente para gobernar. Esto se basa en la disciplina y la obediencia que caracterizan a esta institución. Aun cuando, los gobernantes no han sido recíprocos hacia el Ejército de Guatemala.
En la historia de los años del período referido, existen una gran cantidad de ejemplos que pueden citarse y que posiblemente muchos de ellos, la mayoría, son desconocidos para la población guatemalteca.
En todas las emergencias sufridas a causa de los desastres naturales, el ejército es el primero en entrar en auxilio de la población afectada y el último en retirarse. Para estas intervenciones, utiliza su personal, equipo, vehículos, alimentación y otros recursos, los cuales nunca le son devueltos de ninguna manera.
Los presidentes Vinicio Cerezo, Ramiro de León Carpio, Alejandro Maldonado Aguirre, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei gobernaron durante todo su período, con el respaldo que el ejército les brindó, ya que esta institución está integrada por personal conocedor y respetuoso de la ley, la lealtad, el honor y el deber. Este es un patrón que se ha repetido sin excepción alguna.
Pero hay casos especiales que merecen ser mencionados, como el de Serrano Elías, quien erróneamente asumió que, basándose en la lealtad y obediencia militar, podía dar un golpe y disolver instituciones fundamentales en toda democracia. En este caso, el papel que jugó la institución armada fue primordial para mantener y respetar el orden constitucional, lo que provocó la salida y posterior exilio de Serrano.
Álvaro Arzú Irigoyen, por consejo de sus asesores más cercanos, firmó los mal habidos Acuerdos de Paz, que favorecieron a la subversión a pesar de que esta estaba prácticamente derrotada en el campo de batalla y su desaparición era solo cuestión de tiempo. Es importante recalcar que estos acuerdos de paz solo han servido para favorecer a los líderes subversivos y a muchos de sus adeptos, mediante el pago de resarcimientos inmerecidos y la espuria persecución de veteranos militares que, de ser héroes, han pasado a ser perseguidos políticos.
Alfonso Portillo, a pesar de su reconocida inclinación hacia ideas socialistas, gobernó con el apoyo del ejército, al cual traicionó al hacer quebrar el Banco del Ejército, una de las instituciones bancarias más sólidas en su momento, que fue saqueado por la avaricia de Portillo, quien pretendía venderlo a un consorcio mexicano.
Óscar Berger, desmovilizó gran parte de los efectivos y comandos militares, más allá de lo acordado. Esta acción solo sirvió para aumentar los problemas de seguridad en el país y abrir paso a que los narcotraficantes nacionales y mexicanos se hicieran con el control de gran parte del norte del país. Esta situación continúa afectando a Guatemala hasta la fecha.
Álvaro Colom utilizó todos los recursos del Ejército de Guatemala para llevar a cabo su política solidaria, distribuyendo las «bolsas solidarias» con los elementos militares. Aprovechó el personal, el equipo y la organización, terminando además una gran cantidad de sus vehículos. No se repuso ni un solo centavo de lo utilizado, lo que dejó los recursos militares en mal estado y mermados.
Otto Pérez Molina pensó que, al ser militar, el ejército lo respaldaría, pero una vez más la institución armada demostró su legalidad al no intervenir cuando fue depuesto debido a las acusaciones en su contra en ese momento.
En estos años, muchos activos del Ministerio de la Defensa le han sido quitados, como la Casa Crema y una buena parte del área de Mariscal Zavala, la cual es utilizada como cárcel. Estos terrenos ya no le serán devueltos y no recibirá ninguna compensación por ellos.
La Fuerza Aérea Guatemalteca cuenta cada vez con menos aeronaves para cumplir su misión, mientras que la Policía Nacional Civil se fortalece y posiblemente tiene más helicópteros que el propio ejército. Además, son los pilotos militares quienes, en lugar de volar con la Fuerza Aérea, operan las aeronaves de la PNC. Se reconoce que la institución policial debe ser fortalecida, pero no a expensas de reducir los recursos del ejército y sus capacidades.
El fortalecimiento de la Policía Nacional Civil es fundamental para abordar los desafíos de seguridad y mantener el orden público. No obstante, es importante que el ejército también cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades en la defensa nacional, en la seguridad interior y en situaciones de emergencia.
Es responsabilidad de las autoridades encontrar un equilibrio adecuado en la asignación de recursos y capacidades entre las diferentes instituciones de seguridad y defensa, de manera que se garantice la efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus respectivas misiones. Esto implica considerar las necesidades y capacidades de cada institución, así como los desafíos y amenazas a los que se enfrenta el país.
En esta interminable historia, las autoridades gubernamentales pretenden hacer uso de las instalaciones del Centro Médico Militar, mediante acuerdos que no traen ningún beneficio ni al ejército, ni al personal de alta, ni a todos aquellos veteranos y sus familias que verán una vez más disminuidas sus posibilidades de acceder a un servicio de salud digno.
En la actualidad, el Centro Médico Militar enfrenta dificultades y carencias en la atención, lo que ha llevado al cierre de servicios y a una escasez cada vez mayor de médicos. Por lo tanto, cargar a esta institución con más responsabilidades solo complicaría la situación de este hospital.
En el gobierno anterior, se presupuestaron grandes cantidades de dinero para la construcción de varios hospitales nacionales. Pese a que, esos fondos fueron desviados por personas corruptas, ahora políticos inescrupulosos vuelven su atención hacia los recursos militares, intentando hacer creer que están buscando soluciones a problemas que tienen profundas raíces. Estas raíces se encuentran en la excesiva cantidad de sindicatos presentes en el Ministerio correspondiente y en la rampante corrupción que afecta a ese ministerio.
En general, la asignación de más responsabilidades al Centro Médico Militar no es congruente debido a las dificultades y carencias que ya enfrenta. Esto lleva a interpretar que una vez más la familia militar está siendo atacada por autoridades irresponsables e injustas, que no buscan resolver problemas, sino socavar su moral. Sin embargo, se espera que, en esta ocasión, los afectados no se queden de brazos cruzados y hagan valer sus legítimos derechos.
La opinión de este artículo es ajena al Noticiero El Vigilante