Ley de Protección al Consumidor, opinión por Ramón Parellada

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El consumidor es el “rey” y con sus acciones de comprar o dejar de comprar puede beneficiar o castigar a una empresa.
El Congreso ha recibido el dictamen favorable de la Iniciativa de Ley 5082, la cual dispone aprobar la Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor. He leído rápidamente las 55 páginas de dicha iniciativa y me parece que no va a solucionar nada. De aprobarse esta ley lo que ocurrirá es que se crea una enorme burocracia, con nuevas instituciones como la “Procuraduría para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario” (Prodeco), que tendrá un procurador escogido por el Congreso de la República. Esta entidad será completamente política, con infinidad de gente a su cargo y el poder para multar y hasta cerrar empresas. Me temo que veremos un gobierno más inflado, con más ineficiencias, con extorsiones a las empresas y más corrupción y un mayor sesgo político.

Las empresas que sirven mejor a sus consumidores son las que obtienen las mayores utilidades.

En un mercado libre, los consumidores insatisfechos castigan a las empresas que no les dan el servicio o producto que ellos esperaban recibir. La empresa que atiende mal a sus clientes los pierde y termina quebrando. Las empresas que sirven mejor a sus consumidores son las que obtienen las mayores utilidades. El consumidor las hace crecer y ser rentables con cada compra que hacen.

Es importante entender cómo funciona el mercado y por qué las empresas que más ganan son las que mejor sirven al consumidor. El consumidor es el “rey” y con sus acciones de comprar o dejar de comprar puede beneficiar o castigar a una empresa. Algunas estadísticas en otros países hablan de que la mitad de las empresas que se crean quiebran en el primer año de existencia. No es nada fácil crear una empresa y hacerla exitosa. Hay que darle al consumidor lo que quiere, al precio y calidad que él requiera. De lo contrario, no podrás sobrevivir. Esto lo saben todos los que han logrado tener alguna empresa exitosa.

Siempre van a ocurrir problemas o personas que no tomen en cuenta esto. Si yo voy a un restaurante y me atienden mal, o la comida no es de mi agrado, simplemente no vuelvo. Una mala experiencia en un lugar puede influir en veinte personas más para que dejen de ir al mismo. Así de delicado es el trato, servicio y calidad del producto, relación precio-calidad y todos los aspectos que hay que cuidar para que los consumidores estén satisfechos. Si voy a uno y le digo al dueño que algo está mal y me cambia el producto o me atiende bien, no solo regresaré, sino que haré propaganda de lo bien que lo tratan a uno en ese restaurante.

Si hay algún problema serio de fraude, los tribunales de justicia son los encargados de resolverlo y está penado por la ley. Ya existe ley para fraudes. Lo que pasa es que por un servicio pequeño uno no quiere ir a perder tiempo a un tribunal, simplemente no vuelves a comprar ahí. Pero si es un contrato grande, no solo en los tribunales de justicia se resuelven las diferencias, sino en tribunales privados que normalmente solucionan disputas entre dos partes mediante un arbitraje mercantil. Los instrumentos ya existen. Es requisito de un restaurante tener su debido permiso de Salud para poder calificar y atender al público. Lo mismo para muchas otras empresas que deben llenar un sinfín de requisitos. No podemos afirmar que el gobierno no está metido en todos los negocios, ya que precisamente por tantos requerimientos es que existe la economía informal en el país.

El problema, entonces, no es falta de instituciones para resolver conflictos, sino que las mismas, por ser estatales, son ineficientes e inútiles. Seguir creando legislación para ello es duplicarla, hacerles la vida imposible a las empresas, fomentar la corrupción, engordar la burocracia y, al final, nada de esto garantizará lo que ya el mercado por sí mismo puede resolver.

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