En nuestro país, es común escuchar la afirmación de que las grandes empresas no pagan impuestos, pero, ¿Cuánto de verdad hay en esta declaración? Para abordar esta cuestión, es crucial examinar las tasas impositivas que las empresas enfrentan en Guatemala en comparación con otros países desarrollados.
En Guatemala, la tasa nominal sobre las ganancias empresariales se sitúa en el 25%, mientras que en naciones como Estonia alcanza el 20%, y en el extremo opuesto, en países como Francia y Estados Unidos, llega alrededor del 35%. Esta comparación inicial nos ofrece una perspectiva sobre el marco impositivo al que están sujetas las empresas en diferentes contextos internacionales.
Sin embargo, no basta con analizar únicamente las tasas impositivas. También es esencial evaluar la proporción del impuesto sobre la renta (ISR) que efectivamente entregan las empresas en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) del país. En este sentido, los datos muestran un aumento gradual en la recaudación tributaria en los últimos años en Guatemala. Por ejemplo, en 2019 se recaudó un total de Q64 mil 384 millones, mientras que en 2020 esta cifra ascendió a Q62 mil 231 millones, y en 2021 alcanzó los Q80 mil 329 millones. Estos números indican que las empresas están contribuyendo de manera significativa al fisco guatemalteco.
Además, estudios realizados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) destacan que un porcentaje considerable de la recaudación proviene de un grupo reducido de contribuyentes, lo que sugiere que las empresas grandes y medianas son quienes soportan la mayor parte de la carga tributaria en el país.
Estos datos refutan la noción de que las empresas en Guatemala evaden sistemáticamente el pago de impuestos. Por el contrario, demuestran que estas entidades contribuyen de manera sustancial al erario público, incluso más que sus contrapartes en varios países desarrollados.
Para fortalecer aún más la base tributaria y garantizar una distribución equitativa de la carga fiscal, es esencial implementar políticas que fomenten la inversión y la creación de empleo formal. Esto no solo beneficiará a la población en general al mejorar los niveles de vida y fortalecer la economía, sino que también contribuirá al desarrollo de una democracia sólida y participativa en Guatemala.