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La Sala Segunda de Mayor Riesgo tomo la decisión de aceptar la apelación del Ministerio Público (MP).
Este fallo conlleva el embargo de las cuentas de DATASYS, la empresa proveedora del TREP, y la suspensión de un importante pago de Q40 millones que estaba previsto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta suspensión no solo cuestiona la gestión financiera del TSE sino que también podría tener implicaciones en su capacidad para administrar procesos electorales futuros de manera eficiente y transparente.