¿Quién les habrá dicho que las instituciones son propiedad privada?
La institucionalidad, se define como aquella estructura legal que fundamenta el funcionamiento de las instituciones públicas. En realidad, casa país tiene su propio sistema jurídico, las leyes sean del orden que sean desde constitucionales, pasando por ordinarias y llegando hasta las reglamentarias tienen como finalidad el bien común, es decir el bienestar de todos los habitantes del país y no un bien particular.
Las normas jurídicas por sí solas solo presentan un orden y aspiraciones de una sociedad, pero en realidad son incapaces por sí mismas de llevar a una nación por el sendero del bien común a menos que las mismas lleguen a ser una realidad. Esta realidad no se obtiene sino a través de las instituciones, son las instituciones estas que conocemos los instrumentos necesarios para aplicar las normas jurídicas, para hacerlos una realidad material y que no solamente queden en el papel, dado que las normas en el papel puede que sean muy bonitas, adecuadas, justas y necesarias, pero si no se llevan a la realidad material quedan solamente en eso, en una aspiración social.
Todo esto viene a colación porque la importancia de las instituciones sanas en una sociedad con aspiraciones democráticas es fundamentalmente necesaria y que, si las instituciones no funcionan, el país simplemente no va por el sendero correcto, amén de que la ley no se cumplirá a cabalidad. En Guatemala, lamentablemente se ha ido minando poco a poco la institucionalidad del país. En efecto, hay muchas instituciones que se han llegado a “secuestrar”, a “cooptar” de tal manera que los funcionarios públicos han llegado a ser los “dueños y señores” de tales instituciones. La clase política se ha encargado de “comprar” instituciones mediante una serie de ofrecimientos, prebendas y también con dinero como se ha denunciado en muchas ocasiones.
De esta manera, hasta hace poco el propio poder judicial estuvo totalmente al servicio de un grupo, se mantuvieron los magistrados ilegítimamente, hicieron lo que quisieron no solo con el dinero público, sino con la serie de resoluciones judiciales a la carté, que decir de otras instituciones como Contraloría General de Cuentas ¿Existe?, Corte de Constitucionalidad cuyos magistrados sirven a quienes los han colocado en el cargo y no a la justicia, la USAC es un caso patético de cómo una universidad del Estado monopoliza la educación universitaria merced a una disposición constitucional y se ha convertido desde hace muchos años en botín político dejando de lado la academia. Es tal el caso de la USAC que se tuvo un rector que estuvo 8 años en el cargo y al salir la universidad había retrocedido enormemente, ni qué decir del actual rector cuyas marufias están a la orden del día.
Así, podemos seguir mencionado desde grandes instituciones, hasta otras más o menos pequeñas como el Instituto de la Víctima, cuya directora se mantiene en el cargo a fuerza de amparos y favores del poder judicial y de CONAMIGUA, cuyos funcionarios son un lastre para la población migrante. En fin, tenemos instituciones inoperables, cuyos presupuestos son altos, con una serie de funcionarios de pacotilla y cuyas contrataciones son, en la mayoría de los casos, favores políticos. Es cierto, en Guatemala, las instituciones públicas sirven de agencias de empleo y favores para funcionarios públicos. En las instituciones encontramos los hijos pródigos de muchos diputados y funcionarios públicos que en realidad son ninis, ni estudian, ni trabajan, son dedicados a la vagancia, pero cuentan con jugosos contratos con salarios altos, sin siquiera conocer de primera mano los aspectos básicos de su función, pero sin duda alguna tiene “cuello” y, los cargos que deberían ser para aquellos jóvenes esforzados y dedicados y aquellos profesionales que sí han estudiado para ganar un título universitario, les son dadas a los hijos de papi y mami porque ellos son funcionarios públicos que han ayudado a estos otros a ocuparse de una institución.
No es un secreto a voces, que la administración pública está plagada de una serie de empleados y funcionarios de quinta, no solo inoperantes, sino que en muchas ocasiones no tienen ni la capacidad ni méritos para ocupar los cargos y cuya única virtud es ser familiar o amigo de un familiar o amigo de un funcionario “cuelludo”, para poder estar mamando de la teta del Estado vedando la oportunidad a aquellos que en realidad tienen méritos para hacerlo, por ello la administración pública es un lastre en Guatemala.
Al final, las instituciones públicas, son así públicas porque pertenecen a todos los guatemaltecos, que pagamos impuestos y que, a través de estos sostenemos un Estado que no garantiza nada. Estas instituciones públicas se han vuelto en poder de los funcionarios quienes las manejan de tal manera como si fueran sus propios dueños. Así, gastan el dinero en cuestiones superfluas, lo reparten como no repartirían su propio dinero y se creen los dueños de estas instituciones para hacer literalmente lo que les da la gana. La inoperancia de la Contraloría de Cuentas y el Ministerio Público que vemos cómo los dineros públicos entran a bolsillos privados en lugar de ser destinados para el pueblo.
Recientemente se ha dado una confrontación seria entre el actual gobernante y la Fiscal General, al margen de todo lo que ha pasado, esta confrontación demuestra la poca seriedad que en Guatemala se le da a la institucionalidad. Por un lado, el recién estrenado gobernante comete el error garrafal de dedicar tiempo y recursos, además de mediatizar su confrontación con la Fiscal General lo cual, en lugar de demostrar que es un buen gobernante lo pone en una situación comprometida, puesto que por un lado no puede destituir a la Fiscal General y por otro lado tenemos a la Fiscal General que se cree dueña de la institución y del cargo para no acceder al clamor popular por su desempeño el cual ha sido nefasto, porque si tanto cumpliera con su función ya desde hace mucho tiempo que tuviéramos resultados sobre el caso del desfalco de las vacunas rusas del Covid el cual fue un negocio redondo del señor Giammattei, pero a la Fiscal General solamente le interesa la judicialización del proceso electoral y con ello no ve más allá.
Al final, esta crisis institucional únicamente prueba una teoría que ha sido establecida desde hace muchos años en Guatemala: Las instituciones tienen dueño y no responden al ideal de bienestar del país, porque todas las instituciones del Estado han sido un botín político en donde unas instituciones corresponden a un grupo y otras al otro grupo y por tanto la instrumentalización de estas ha provocado el socavamiento de la democracia del país. Ahora, enfrentados el Ministerio Público y la Presidencia de la República, habrá que ver de qué lugar se ponen el Poder Judicial y la Corte de Constitucionalidad si van a seguir siendo los serviles de un grupo o van a decidirse por Guatemala, su democracia y promover una fuerte institucionalidad.
La opinión de este artículo es ajena al Noticiero el Vigilante.