Sistema de justicia facilita la normalización del servicio eléctrico

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•      Tener una conexión fraudulenta, para reducir la factura de consumo de energía eléctrica, implica el riesgo de una fuerte sanción económica e, incluso, la posibilidad de ir a prisión.

Los tribunales y juzgados del país conocieron, durante el año pasado, centenares de denuncias presentadas por las distribuidoras de electricidad y facilitaron la normalización y regularización  de los suministros de por lo menos 82 clientes, en particular en departamentos del norte del país.

Para 16 de estas personas, el desenlace incluyó una condena por el delito de hurto de fluidos, hacer una reparación digna y el pago de una multa económica.

Para otras 14 se emitieron órdenes de conducción, en colaboración con las fuerzas policíacas, para su presentación en los tribunales de justicia.

 Este ilícito está regulado en el artículo 249 del Código Penal, que establece que para quien sustraiga energía eléctrica, agua, gas a fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de Q10 mil.

En el marco de estas resoluciones, se han dictado sanciones económicas por más de Q350 mil, como medida punitiva y una reparación a las pérdidas causadas a la empresa, por estos actos al margen de la ley.

Izabal y Petén son dos de los departamentos donde se comprueban muchos casos de estas prácticas ilegales, que tienen un efecto negativo en la calidad del suministro. También en Suchitepéquez, San Marcos y Quiché se han verificado casos.

 Avances en la solución

Además de las condenas, los tribunales de justicia han optado por medidas que faciliten la normalización y reinicio del ciclo comercial de los clientes con problemas legales, para fomentar la legalidad.

Por ejemplo, se emitieron 26 criterios de oportunidad, por medio de las cuales, los vecinos procesados por fraude alcanzaron un acuerdo con las distribuidoras, para cumplir con los adeudos y el pago de la energía hurtada.

Esta disposición de hacer las cosas bien se reflejan en 29 conciliaciones judiciales, las cuales fueron emitidas por los tribunales cuando los denunciados regularizaron su suministro y aceptaron un convenio para cancelar los consumos no registrados

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