El sábado pasado, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro Nicolás Petro Burgos y su exesposa Day Vásquez, fueron detenidos por la fiscalía de Colombia acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante el allanamiento a la lujosa propiedad, la fiscalía encontró 25 millones de pesos, que fueron decomisados. La defensa alegó que el dinero era de la pareja sentimental del capturado y que se trataba de un préstamo. El presidente Gustavo Petro aseguró que la fiscalía “tendrá todas las garantías de su parte para proceder de acuerdo con la ley”.
Hay quienes ven estos hechos como una maniobra contra Gustavo Petro, un chantaje político. Escarbando un poco se descubre que en abril pasado la propia Day Vásquez acusó a su exesposo, Nicolás Petro, de haber recibido alrededor de mil millones de pesos por parte de personas de dudosa reputación, para financiar la campaña presidencial de don Gustavo. Según Day, Nicolás se apropió de buena parte. Es decir, podría tratarse de un lío entre Nicolás y Day.
Mientras tanto, en EE. UU. se juega un complejo entuerto entre la política, la justicia y las “noticias”. Cuesta llevar la cuenta de los procesos penales contra Donald Trump. El departamento de justicia acusa al expresidente de 37 delitos relacionados a su posesión de documentos clasificados, luego que el FBI allanó su residencia en Florida. En un juzgado del Distrito de Columbia, se le acusa de provocar la “insurrección” y ataque al capitolio el 6 de enero 2020. Una fiscal de Georgia promueve un caso por interferir en las elecciones. Un fiscal de Nueva York acusa a Trump de 34 delitos relacionados a pagos hechos a una mujer que lo extorsionaba para no revelar un amorío. Otra fiscal de Nueva York lo acusa de fraude por sobreestimar el valor de sus propiedades para obtener préstamos bancarios. Hay muchos otros procesos jurídicos; los medios dan amplia cobertura. Simpatizantes de Trump sostienen que son maniobras políticas contra un candidato presidencial; sus detractores aseguran que son las ruedas de la justicia caminando.
El mismo departamento de justicia que persigue a Trump con ahínco muestra poco interés en investigar los negocios de Hunter Biden y la posible complicidad de su padre, el actual presidente de EE. UU. El FBI tiene años de estar en posesión de su computadora personal con información incriminatoria. Cuenta con registros de millonarias transferencias bancarias realizadas por empresas estatales de China, Ucrania, Rumania y hasta la exalcaldesa de Moscú, a cuentas de empresas de Hunter, así como documentación que muestra cómo ese dinero llegó a él y a sus familiares. El FBI “coordinó” con redes sociales y medios para desacreditar esta información. Hace poco el departamento de justicia intentó otorgarle a Hunter una aceptación de cargos sin mayores consecuencias y total inmunidad a persecución futura; el acuerdo fue rechazado por un juez, por ser excesivamente blando y carecer de precedente. El Congreso de EE. UU. ha realizado audiencias con testimonio de agentes federales declarando que fueron presionados a callar y no investigar a Hunter y su padre. Los medios no dan mayor cobertura; nada que ver aquí. Numerosos documentos clasificados fueron encontrados en residencias y oficinas de Biden; la justicia no lo persigue. Simpatizantes de Biden sostienen que son maniobras políticas para desacreditar al presidente; sus detractores señalan que las ruedas de la justicia no caminan.
La justicia será ciega, pero sus ruedas pueden ser guiadas. Cualquier parecido con lo que sucede en otros países es pura coincidencia.
