El fin justifica los medios, opinión por Emilio Estrada.

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La semana pasada, el Ministerio Público presentó el “resultado” de su investigación tendiente de lanzar por la borda todo el proceso electoral que se desarrolló entre junio y agosto del año en curso y que dio como Presidente Electo al señor Bernardo Arévalo, además de elegir nuevas autoridades municipales y renovar los escaños del Congreso de la República.  El Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad han sido los actores por excelencia del socavamiento del orden constitucional en Guatemala y han tenido como aliado al poder judicial.  Lo hizo al interponer acciones judiciales en contra del proceso de postulación de los Magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones el cual luego de la complicidad con la Corte de Constitucionalidad le permitieron al Congreso pasar años y años hasta que, cuando era de suma urgencia para sus propios intereses, resultaron mediante una resolución de los Magistrados Constitucionales, ordenar al Congreso la elección y ahora ya tenemos un poder judicial renovado, pero bajo serias dudas de la legitimidad de la anterior magistratura.

Luego de la primera vuelta electoral, nuevamente estos tres actores Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y Poder Judicial procedieron a una intensa judicialización del proceso electoral.  Ignorando la institucionalidad del país que esta revestida de rango constitucional porque es la Constitución que establece el régimen electoral y lo hace diferente al orden judicial y administrativo, porque le da un matiz diferente ya que es a través del régimen electoral que se realiza la ordenada postulación de candidaturas y la elección que no es más que el ciudadano común y corriente entregando su cuota de poder a quien cree que es capaz de llevar los destinos de las instituciones y que, todos absolutamente todos estamos obligados a aceptar los resultado.

Ignorando el régimen electoral, fundado en un artículo que está en la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el cual establece, claro está, que el Tribunal Supremo Electoral no ejerce jurisdicción penal y que los delitos que se cometen en el orden electoral deben ser llevados bajo el procedimiento de los tribunales ordinarios; el Ministerio Público se arrogó facultades para poder interferir en el proceso electoral.  Así, bajo el apoyo del propio poder judicial encarnado en un Juez, el señor Orellana, procedieron a crear un caso, con el fin de intervenir en el proceso electoral y agradar a aquellos a quienes se deben para promover que esta elección no continuara. No es que los fiscales del Ministerio Público sean ignorantes en el tema jurídico al contrario, como ya se sabe en el ámbito jurídico y tribunalicio, muchos jueces y fiscales quieren parecer ignorantes para ocultar la corrupción existente y con ello, sus resoluciones son apartadas de derecho y ellos parecen ignorantes pero en el fondo saben muy bien que no pueden utilizar e instrumentalizar el derecho pero, como el fin justifica los medios hacen lo que quieren en nombre del Estado de Derecho, el Orden Constitucional y ahora, hasta en nombre de la “pureza electoral”.  Fue así como el señor Orellana, Juez Penal, accedió a ordenar una suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla fundada en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ignorando el régimen electoral y también aplicando muy mal el artículo que permite esta medida precautoria, pero que se acomodaba como anillo al dedo para evitar la segunda vuelta electoral que el final se llevó a cabo.

Bajo este esquema, Corte de Constitucionalidad, Magistrados del Poder Judicial y Fiscal General y Fiscal de la FECI del Ministerio Público han instrumentalizado el derecho, pervirtiendo las normas para acomodar su gestión en la fabricación de un caso que ahora resultaría siendo la panacea de los fraudes electorales.  Según la narrativa del Ministerio Público (Alicia en el País de las Maravillas suena más creíble) se montó un gran procedimiento para que hubiese fraude electoral.  El punto que llama más la atención es : Como toda una maquinaria que contó con el dinero público a millones para financiar su campaña electoral, que promovió sí o sí la imagen de un Diputado para presidente de la República y que organizó toda una estrategia con los Alcaldes y Candidatos a Diputados y que, además contó con el apoyo, el aval y la ciencia y paciencia de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral haya fallado, supuestamente por un partido que no aparecía en las encuestas pero que llegó a segunda vuelta y ganó la elección.

Entonces, no es factible que manos oscuras que solo el Ministerio Público ve, hayan intervenido en un sistema de cuenta de votos, en una actas alteradas y en otras tantas fantasías que hacen o pretenden hacer creer que esa magnífica institución encargada de la persecución penal que ha sido incapaz de investigar tanto saqueo al erario público, porque ni siquiera han sido capaces de investigar la compra de las vacunas a Rusia para combatir el Covid, ni los desfalcos millonarios que se hacen todos los años en el Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicaciones y Ministerio de Salud Pública.  Esa institución que se ha ufanado de haber realizado toda una investigación en tiempo record, poco más de tres meses, para desenmascarar supuestamente un fraude electoral, pero que se animó a “secuestrar judicialmente” las actas electorales por la denuncia de un solo ciudadano, pero no oye las miles de voces de ciudadanos que a diario van a los hospitales y no hay medicinas, envían a sus hijos a las escuelas públicas y no hay ni pupitres, ni mesas ni útiles escolares o todos aquellos ciudadanos que arruinan sus vehículos porque las carreteras del país son un desastre.  Sin embargo, por la denuncia de un solo ciudadano, promovió una serie de acciones judiciales cuyo supuesto resultado ha dado a conocer el viernes.  ¿Cómo es posible esto?  Las investigaciones van donde tiene interés político el Ministerio Público porque lo demás no es de su incumbencia.

Así las cosas, es claro que para estas instituciones Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y Poder Judicial a cargo de quienes están, lo único que interesa es aquello que les garantice a ellos y a un gran grupo detrás de ellos continuar operando impunemente en el país.  Con esto, el fin justifica los medios y con una investigación de pacotilla salen diciendo públicamente que son defensores de la democracia, del Estado de Derechos y de la voluntad popular (no veo yo muchos guatemaltecos protestando porque hubo fraude ¿Ya se dieron cuenta?) En realidad, la cantaleta del fraude está en la mente de aquellos que precisamente quieren socavar la democracia del país.  Y, como acotación, resulta triste oír fiscales del Ministerio Público diciendo a viva voz en una conferencia de prensa que las actas alteradas son “nulas de pleno derecho”, es triste porque no entienden que es la nulidad de pleno derecho.  Sin la nulidad de pleno derecho fuera por ministerio de ley, es decir que la ley lo establece y así es, entonces muchos actos públicos y privados con solo decirlo cualquier persona no se obligaría a respetarlos:  Señores la nulidad sea relativa o de pleno derecho deberá de ser establecida por un órgano jurisdiccional, porque para eso precisamente existe el poder judicial.  Pero que van a saber de leyes, si lo único que hacen es instrumentalizarlas y usarlas como les conviene porque al final: El fin, justifica los medios.

La opinión de este artículo es ajena al Noticiero el Vigilante.

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