Uno de cada 80 habitantes de la mayor ciudad de EE UU, Nueva York, con una población que supera los ocho millones, no tiene un lugar para vivir. Si a los sin techo autóctonos se les suman los miles de migrantes llegados a la Gran Manzana desde Texas o Arizona, enviados desde la primavera de 2022 por los gobernadores republicanos para presionar a la Administración demócrata -tanto la de la ciudad como la federal-, el volumen de ocupación que esta semana ha alcanzado la red de albergues municipales no ha de extrañar. Más de 100.000 personas, más la mitad de ellas migrantes, se alojan actualmente en los cientos de albergues, hoteles o campamentos (“centros de ayuda de emergencia”, en la terminología oficial) habilitados por la ciudad para tal fin; siendo la primera vez que los registros alcanzan los seis dígitos. La afluencia ha multiplicado los costes, como repite sin descanso el alcalde, el demócrata Eric Adams, intentando obtener del Estado y de Washington ayuda económica adicional para afrontar el fenómeno. La ciudad ha gastado más de mil millones de dólares en el último año, y espera gastar más de 4.000 millones de dólares el próximo.
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Varía la composición demográfica de las dos clases de alojados: frente a las familias con niños, que suponen dos tercios de los migrantes, los vagabundos autóctonos ofrecen perfiles individuales y, en muchos casos, problemáticos, por la combinación de adicciones y trastornos mentales no tratados. Pero la presión de los primeros está poniendo a prueba la consideración de Nueva York como tradicional lugar de acogida de inmigrantes. De hecho, el alcalde ha recortado en los últimos meses provisiones que blindaban legalmente el refugio, a consecuencia de la masiva afluencia, que ha derivado a muchos a otras localidades del Estado, no siempre predispuestas a la acogida.
