Barataria
En nuestro país Guatemala, después de una turbulenta historia que hoy en día tiene resabios de tiempos coloniales y el establishment que se mantiene desde la independencia llevada a cabo con el único fin de que conservar la riqueza y entre peninsulares y criollos evitando que llegara a la Corona Española; se dio una seguidilla de dictaduras, fraudes y gobiernos militares. Con la promulgación de la Constitución de 1985, se abrió el camino a la era democrática y el inicio de los gobiernos civiles electos mediante elecciones libres. Sea como sea, se abrió un camino de esperanza en donde los guatemaltecos pudiéramos vivir en paz, libertad, desarrollo y en ejercicio pleno de los derechos y garantías propias del juego democrático. Ya Winston Churchill nos recuerda “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”.
Poco a poco los negocios fueron haciéndose muy encubiertamente, en tanto muchos se enriquecían en complicidad con quienes gobernaron el país desde 1986, todo estaba muy bien. Así empezamos a ver deficiencias en los hospitales, en las escuelas, en seguridad, falta de inversión pública y cuando se invertía era porque se pagaba hasta cinco más del costo de las obras es decir una sobrevaloración sin precedentes.
Luego se encontró la receta para el financiamiento electoral, “del mismo cuero salen las correas”, entonces se encontró la forma en que, del dinero público, se podría sacar para financiar a los partidos políticos para correr en las elecciones. Las instituciones fueron cooptándose y mediante las comisiones de postulación se accedió a designar personas afines para lograr mantener el favor en todo: magistrados las cortes, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Contralor General de Cuentas, Fiscal General para citar algunos han sido designados desde entonces para favorecer a quienes los pusieron en sus cargos y con ello existieron las grandes negociaciones debajo de la mesa. Luego apareció la CICIG de Iván Velásquez, con su propia agenda para tomar el poder y una copia al calco de lo que había estado sucediendo en el país, la manipulación de las instituciones y el manoseo de las cortes es parte de su herencia. Así, una manipulación a la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad dio como resultado la excusa perfecta para que el Congreso no eligiera Magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones hoy en día y con ello se ha permitido el manoseo de la justicia.
Ahora mismo, estamos a menos de un mes de acudir a las urnas a ¿elegir? Somos testigos de la manipulación descarada, ambiciosa y abusiva que se ha hecho del proceso electoral. En efecto tenemos un Tribunal Supremo Electoral cuyos magistrados no dan confianza porque han sido incapaces de ser independientes, responden a intereses obscuros y su único deseo es quedar bien con quienes los tienen en el cargo. Así han sido desvergonzados en mantener criterios diferentes para las mismas situaciones, esperaron hasta el último momento para cotizar y adquirir software que pudieron hacerlo con antelación. Y además de ellos emitieron reglamentos, pero, al darse cuenta de que afectaban intereses de quienes se deben, se apresuraron a revocarlos incluso con efectos inmediatos.
Las Cortes y ahora hasta la Sala Sexta de Lo Contencioso – Administrativo, son protagonistas de este nuevo episodio electoral, con la descalificación de candidatos, se sigue la misma receta que llevo al señor Giammattei al poder (va de cuarto lugar, va de quinto lugar; pero si no dejamos participar al primero, o al segundo llegamos a segunda vuelta). Así este sistema cooptado, ad hoc para los poderes fácticos y los grupos de poder enquistados en el Estado, han descalificado en fila a tres contendientes electorales, el más llamativo resultó ser el señor Pineda quien ocupaba el primer lugar en las encuestas.
Esta manipulación desvergonzada y maliciosa nos ha dejado con muchas más dudas, en el caso del señor Pineda, se admitió un amparo que carecía de elementos muy claros de temporalidad, legitimidad y definitividad; pero cuando se quieren resoluciones judiciales á la carte no importa el derecho, la ley ni los cinco años de universidad, sino que interesa el resultado, así las Magistradas de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgaron el amparo provisional que dejó fuera al señor Pineda, que posteriormente los Magistrados de la Corte de Constitucionales en una resolución cantinflesca en donde lo que menos argumentan es sobre la viabilidad del amparo provisional dado que este fue el motivo de la apelación, terminó por mostrar el lado oscuro del sistema judicial guatemalteco y, así como votaron para admitir a la señora Ríos, votaron para impedir la candidatura de la señora Cabrera, el señor Arzú y el señor Pineda. Si a ello le sumamos la reciente denuncia en contra del partido VOS, en el cual se alega que hay problemas en la escritura de constitución, la dos denuncias presentadas por la FECI contra el señor Mulet y muchas otras denuncias contra otros candidatos, podríamos pensar que no tenemos certeza del resultado electoral; especialmente porque entre la elección y la toma de posesión hay un término, al menos cuatro meses, nada nos garantiza que la adjudicación de los cargos pendan de las decisiones judiciales express y a la carta, que como hemos visto no se apegan a derecho porque el sistema judicial y la justicia constitucional juega a la política cuando su función debe ser apegarse al derecho.
El daño ya esta hecho, esta manipulación vergonzosa del sistema electoral a través del Tribunal Supremo Electoral, La Corte Suprema de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Corte de Constitucionalidad y otras instituciones (algunas como el Procurador de Derechos Humanos guarda un silencio cómplice), plantea un escenario inédito para Guatemala, porque del resultado de estas elecciones depende mucho el futuro democrático de nuestro país que no se avizora nada promisorio.
