Se discute la participación del rector de la Universidad Rafael Landívar, un sacerdote jesuita, en la comisión de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se cuestiona su habilitación constitucional para ocupar este cargo, ya que es el único no abogado en una comisión compuesta mayoritariamente por profesionales del derecho. Además, se critica la prolongación indebida del mandato de magistrados en 2019 debido a la politización del proceso judicial, señalando que esto ha afectado la confianza en el sistema de justicia guatemalteco.
