La red vial de Guatemala enfrenta una crisis que afecta tanto la movilidad como la economía del país. Aunque en 2024 se aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria como una solución para mejorar las carreteras, su implementación continúa prácticamente estancada. Expertos y actores políticos coinciden en que el problema no es la ley en sí, sino la falta de voluntad política para ponerla en marcha.
Entre los principales incumplimientos destacan la falta de traslado de recursos financieros, la ausencia de una evaluación integral de la red vial y la débil estructura técnica de las instituciones encargadas. A esto se suma la inestabilidad en el Ministerio de Comunicaciones, que ha interrumpido la continuidad de los procesos, así como la falta de aprobación del reglamento necesario para activar la normativa.
La situación se vuelve más crítica con la llegada de mayo y el inicio de la temporada de lluvias, cuando el deterioro de las carreteras suele intensificarse. Pese a ello, se señala que el gobierno no ha hecho prácticamente nada y parece más enfocado en impulsar procesos políticos secundarios.
Esto ya genera impactos económicos, elevando costos logísticos y frenando inversiones, lo que agrava aún más el rezago estructural del país.
