El Parlamento de Israel aprobó una ley que permite aplicar la pena de muerte por delitos de terrorismo, en una decisión que ha generado fuerte controversia. La medida fue avalada por 62 votos a favor y 48 en contra en la Knéset y establece el ahorcamiento como castigo para personas condenadas por asesinatos considerados actos terroristas.
La normativa introduce diferencias en su aplicación: los tribunales militares, que juzgan principalmente a palestinos en Cisjordania ocupada, estarán obligados a imponer la pena capital, mientras que los tribunales civiles que procesan a ciudadanos israelíes podrán optar por cadena perpetua bajo ciertas condiciones. Organizaciones de derechos humanos han criticado esta distinción, señalando que podría generar un trato desigual y discriminatorio.
El primer ministro Benjamín Netanyahu respaldó la iniciativa durante la votación. La propuesta fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, figura polémica por sus posturas ultranacionalistas.
Durante el debate, sectores de la oposición calificaron la ley como inmoral e inconstitucional. La aprobación se produce en un contexto de alta tensión en la región, lo que refuerza el debate sobre seguridad, derechos humanos y el impacto político de este tipo de medidas en el conflicto israelí-palestino.
