El Ministerio Público solicitó al nuevo Tribunal Supremo Electoral revisar ilegalidades en las elecciones de 2023, cuestionando la legitimidad de Bernardo Arévalo tras la cancelación definitiva de Movimiento Semilla por violar el artículo 94 de la Ley Electoral, que prohíbe registrar partidos cancelados antes de diez años.
Fiscales presentaron audios de exautoridades del TSE bajo investigación y argumentan que la nulidad absoluta del partido, declarada por el TSE y un juez, implica que Arévalo y sus funcionarios deberían separarse ipso facto y devolver salarios percibidos por presunta usurpación.
Además, el MP pide al Congreso declarar la incapacidad física y mental del presidente, basándose en su silencio ante la cancelación, calificado como “irredenta y rebelde conducta”. Juristas advierten que, de prosperar esta tesis, Arévalo pasaría de presidente electo a presunto usurpador, con consecuencias penales graves, anulación de sus decretos y un vacío de poder sin precedentes en Guatemala.
