El tráfico y comercio ilegal de animales silvestres en Guatemala es un delito grave sancionado por la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Esta actividad puede castigarse con penas de entre 5 y 10 años de prisión, además de multas que van de Q10 mil a Q20 mil. La legislación prohíbe la captura, transporte, venta y compra de fauna sin autorización.
El Conap advierte que este delito implica altos niveles de maltrato animal. Muchas especies son capturadas de forma violenta, incluso matando a sus madres en el caso de algunos primates. Durante el transporte, los animales suelen ser confinados en condiciones inhumanas, sin ventilación, agua ni alimento, y a menudo sufren mutilaciones para evitar que escapen.
Como consecuencia, muchos mueren antes de llegar a su destino y los sobrevivientes presentan daños físicos y psicológicos permanentes. Además, la demanda de compradores alimenta este mercado ilegal, considerado altamente lucrativo. Por ello, las autoridades instan a la población a no adquirir fauna silvestre y a denunciar estos hechos.
