Magnate multibillonario, genio indiscutible y un hombre con la molesta costumbre de hacer preguntas incómodas, Elon Musk se ha convertido en la figura más disruptiva del planeta: sus cohetes reutilizables conquistan el espacio; sus satélites llevan internet a los rincones más remotos; transforma Twitter en X y, con Neuralink, desarrolla chips que ofrecen una nueva esperanza a personas con parálisis, permitiéndoles controlar dispositivos con el pensamiento. Y mientras la humanidad se maravilla con sus autos Tesla, símbolos de estatus y tecnología ensamblados por robots, la clase política se retuerce de rabia e incomodidad con otra de sus creaciones: Su incursión en la fiscalización del poder. Doge…
Musk pasó de ser el genio admirado por los demócratas al villano “hdp” de sus pesadillas. Antes lo aplaudían por sus autos eléctricos y preocupaciones climáticas. Hoy, lo desprecian por atreverse a levantar la alfombra del Deep state y exponer el nivel de mugre acumulada. Y es que, a la par de Trump y con un papel clave en Doge, la oficina gubernamental más odiada por la burocracia federal, Musk ha destapado un sistema de manejo de fondos públicos tan ineficiente y fraudulento muy parecido a nuestro estilo de banana republic.
Las cloacas hablan por sí solas: 1. Fraude en programas de ayuda por covid —se calcula que US$200 mil millones fueron desviados o usados fraudulentamente; 2. Pagos fraudulentos en la Seguridad Social a miles de beneficiarios fallecidos recibiendo cheques, porque, al parecer, la muerte no justifica darle de baja en la planilla estatal. Están preguntando quiénes reciben y cambian esos cheques. Ni hablar de los fondos de Usaid. Cosas dignas de Ripley: más de US$122 millones fueron otorgados a organizaciones vinculadas con grupos terroristas en Gaza, Siria, Yemen y Afganistán. Esto da una idea de cuán enfermo y descalabrado está el sistema de seguridad.
Otro, y quizás el más aberrante hallazgo que parece sacado de una pesadilla distópica: se descubrió que la administración Biden destinó US$10 millones a “experimentos para crear animales transgénero, incluyendo ratones, ratas y monos sometidos a cirugías invasivas y terapias hormonales para estudiar la transición de género”. ¡Digo…!
Pero el problema no son solo las cifras. Por primera vez se expone la maquinaria de la burocracia profunda (Deep State), un ente amorfo que maneja a discreción billones de dólares sin control. Con la llegada del home office durante la pandemia, miles de burócratas desaparecieron de sus oficinas y nunca regresaron. El último escándalo fue un ejercicio de transparencia que terminó en destape de cloacas. Se envió un correo a todos los empleados federales solicitando que enumeraran en cinco puntos qué habían hecho durante la última semana. ¿El resultado? Unos cuantos contestaron; otros, silencio con alaridos de crítica por detrás. Pedir a un burócrata que explique su trabajo parece ser un ataque a sus derechos humanos.
¡Qué descaro el de los congresistas y voceros demócratas, que, en vez de rendir cuentas por el despilfarro y la corrupción, atacan a quien los desenmascara! Vergonzante. Con un aparato mediático servil, convierten su incompetencia en virtud y su fracaso en narrativa victimaria. Guatemala no se queda atrás. Según el Banco Mundial, al menos un tercio del presupuesto nacional se pierde entre corrupción, opacidad e ineficiencia. Nadie sabe con certeza cuántos empleados públicos existen realmente ni qué hacen muchos de ellos.
Tal vez podríamos replicar el experimento de Musk y enviar un correo a todos esos “fantasmas” que aparecen en las planillas del Estado preguntándoles, —so pena de despido si no contestan—: ¿Qué han hecho en la última semana?
Le conté la idea a un amigo. Su respuesta fue inmediata: ¿Y quién leería los correos respondidos?
Me quedé en silencio…
