El cierre del Campo Xan, ubicado en Petén, continúa generando cuestionamientos sobre la falta de voluntad del Gobierno para avanzar en el proceso, tras la salida de la empresa Perenco en agosto de 2025.
A más de medio año del cese de operaciones, no se han iniciado los trabajos de cierre técnico, lo que ha provocado críticas por los retrasos y la falta de acciones concretas. Además, la situación ha generado impactos económicos indirectos, ya que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) enfrenta costos adicionales debido al incremento en el precio del asfalto a nivel nacional, obligando incluso a considerar su importación.
El Estado también deberá asumir el costo total del cierre y desmantelamiento del campo, estimado en aproximadamente US$48.4 millones, lo que representa una carga significativa para las finanzas públicas.
Analistas y sectores locales advierten que la demora no solo incrementa los costos, sino que también prolonga la incertidumbre económica en la región, evidenciando la necesidad de decisiones más ágiles para cumplir con el proceso de cierre y mitigación de impactos.
