El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles impuestos por Donald Trump bajo poderes de emergencia no marca el fin de su política comercial, sino el inicio de un “plan B”. La decisión, adoptada por 6 votos contra 3, determinó que el presidente excedió su autoridad al imponer gravámenes sin aprobación del Congreso.
Pese al revés, la administración busca mantener su estrategia proteccionista utilizando otras herramientas legales. Entre ellas, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permitiría aplicar aranceles de hasta 15% a países con superávit comercial, mientras que la Sección 338 de una ley de 1930 autoriza tarifas de hasta 50% a naciones que discriminen productos estadounidenses.
Además, algunos aranceles clave, como los del acero y aluminio, no fueron afectados por el fallo. El gobierno también intenta evitar reembolsos que podrían alcanzar 175.000 millones de dólares.
En este escenario, Trump no abandona su política arancelaria, sino que la reconfigura para sostener presión comercial mediante nuevas vías legales.
