Los fiscales de Corea del Sur acusaron al presidente destituido Yoon Suk Yeol de cargos de insurrección por su declaración de la ley marcial, una medida que sumió al país en una agitación política. Que por esta acusación podrían darle hasta la pena de muerte, si es declarado culpable.
Yoon, quien ha negado haber actuado mal, ha estado detenido desde que fue arrestado a principios de este mes. El mandatario fue despojado de sus poderes presidenciales a finales del año pasado por su efímera declaración de la ley marcial, que fue revocada en cuestión de horas por el Parlamento surcoreano.
La oficina anticorrupción surcoreana ha tramitado una petición a la Fiscalía para que imputase al presidente por liderar una insurrección y abusar de su poder. Dicha entidad para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios ha manifestado que Yoon conspiró con el ministro de Defensa Nacional y otros militares para iniciar un motín el 3 de diciembre. También le acusan de abuso de poder al enviar tropas a la Asamblea para impedir que los diputados revocaran el decreto de Yoon.
