El Congreso de Guatemala aprobó el 27 de enero de 2026 una ampliación presupuestaria que destina USD 40 millones para la compra de acciones del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, concretando así el proceso de adhesión iniciado por el presidente Bernardo Arévalo en 2025. El aporte se efectuará mediante pagos diferidos durante varios años.
El Ejecutivo justifica la decisión afirmando que diversificará las fuentes de financiamiento estatal y facilitará acceso a créditos para proyectos de desarrollo. Sin embargo, analistas financieros cuestionan la conveniencia económica del compromiso, señalando que los préstamos soberanos del CAF presentan tasas de interés superiores a los organismos como el FMI, alcanzando aproximadamente el 6.56%.
Adicionalmente, persisten críticas por la falta de transparencia: no se han detallado públicamente proyectos específicos ni beneficios directos para la población. La medida se debate en un contexto de presiones fiscales crecientes y demandas sociales urgentes, particularmente relacionadas con seguridad y mantenimiento de infraestructura vial, lo que genera interrogantes sobre las prioridades presupuestarias y el costo real de la operación para el Estado.
