En Guatemala, manejar no solo requiere atención por todos los baches en las calles, sino también una comprensión cada vez más sofisticada del laberinto legal que regula nuestras carreteras. En las últimas semanas, conductores que transitan por la ruta que une Mixco con Sacatepéquez, más conocida como la carretera a San Lucas, recibieron multas por exceso de velocidad, impuestas por la Municipalidad de Mixco.
Pero más allá del show político, hay una pregunta esencial que necesita respuesta: ¿Puede una municipalidad imponer multas por exceso de velocidad en una carretera nacional? Y, más importante aún, ¿está Mixco violando la ley? La respuesta corta: sí, está violando la ley.
En noviembre de 2024, el Congreso de la República aprobó el Decreto 33-2024, una reforma a la Ley de Tránsito que pone freno a estas prácticas. La nueva normativa prohíbe de forma clara que las municipalidades —a través de sus Policías Municipales de Tránsito, impongan multas en carreteras nacionales, centroamericanas o departamentales, salvo que exista un convenio específico con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
Este decreto no fue producto de una ocurrencia. Fue una reacción al creciente malestar de los ciudadanos frente a lo que muchos ya llaman un “Impuesto disfrazado”, una fuente de ingresos para municipalidades con finanzas apretadas y mucha ambición. Principalmente, la ley busca restablecer un orden constitucional: Que nadie, ni siquiera un alcalde con ínfulas de Sheriff, pueda extralimitarse en el ejercicio de la autoridad.
La ruta entre Mixco y Sacatepéquez no es una calle del casco urbano, ni una vía secundaria. Según el artículo 6 de la Ley de Tránsito, este tipo de rutas está bajo la competencia del Ministerio de Gobernación, que actúa a través de la PNC. Entonces, a menos que exista un convenio firmado, público y registrado entre la Municipalidad de Mixco y la PNC, las multas que se están emitiendo son ilegales. Punto.
Ningún aparato, por más moderno que sea, puede estar por encima de la ley. Y ningún alcalde, por más “chistoso” que parezca, puede convertir una carretera nacional en su zona de peaje personal
Las autoridades locales, por supuesto, defienden estas acciones bajo el discurso de la seguridad vial. “Es para evitar accidentes”, dirán. “Estamos salvando vidas”. Pero la realidad tiene otra cara. Estas acciones tienen una correlación directa con períodos de crisis presupuestaria, campañas políticas o intentos de levantar la popularidad de una gestión en declive. Las multas se han convertido en una fuente informal de recaudación, y los ciudadanos, en cajeros automáticos.
Si permitimos que las leyes se ignoren a conveniencia, entonces estamos sentando un precedente gravísimo. Que en Guatemala no gobierna la Constitución, sino el capricho del funcionario de turno.
La buena noticia es que el Decreto 33-2024 está en vigor desde el diciembre pasado. Eso significa que usted, ciudadano, puede impugnar cualquier multa que le haya sido impuesta en contravención a esta norma. Puede solicitar pruebas de competencia legal. Puede exigir transparencia. Puede y debe reclamar sus derechos.
También es momento de que el Ministerio de Gobernación, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de los Derechos Humanos asuman su rol fiscalizador. Este no es solo un tema de tránsito. Es un tema de legalidad, de democracia, de respeto al marco institucional. Ningún aparato, por más moderno que sea, puede estar por encima de la ley. Y ningún alcalde, por más “chistoso” que parezca, puede convertir una carretera nacional en su zona de peaje personal.
El país necesita orden, sí; pero un orden basado en el derecho, no en la arbitrariedad. Las multas ilegales son más que una injusticia: son una grieta en el Estado de derecho que, si no se repara, podría convertirse en un socavón institucional. Y, como toda grieta, empieza con una línea que alguien decide cruzar. Esta vez, la línea es legal. Y quienes deben respetarla, son precisamente quienes juraron defenderla.
