Guatemala necesitará más de 7 mil megavatios adicionales de generación eléctrica y más de 5 mil kilómetros de nuevas líneas de transmisión hacia 2050, según los planes del Ministerio de Energía y Minas (MEM). La inversión anunciada de US$8,767 millones no es señal de previsión, sino una admisión tardía de fallas estructurales en la planificación energética.
Hoy el país dispone de apenas 3,729 MW de capacidad instalada, pero requerirá 7,778 MW adicionales en menos de tres décadas. Esta brecha no es hipotética: ya se manifiesta en regiones como Petén, las Verapaces, Izabal y el Noroccidente, donde la falta de infraestructura eléctrica limita el desarrollo económico y social.
A pesar del discurso oficial, el propio plan reconoce que la matriz seguirá dependiendo de combustibles fósiles hasta al menos 2035. El escenario “Business As Usual” asume riesgos crecientes de dependencia externa y rezago ambiental. La respuesta estatal, la PEG-5, avanza con lentitud burocrática.
La necesidad de duplicar las líneas de transmisión a corto plazo confirma una gestión reactiva. Los US$1,387 millones en transmisión corresponden a obras atrasadas. El resultado es conocido: apagones, sobrecostos y una crisis energética que prioriza anuncios sobre soluciones.
