Las aguas internacionales compartidas por todos los países o la alta mar, el hábitat más grande para la vida en la Tierra y el más inexplorado, apenas conocemos el 1 % y ello porque es también el de más difícil acceso.
Es allí donde países y compañías mineras planean proyectos para extraer minerales, como el cobalto, que se agota en la superficie y que cada vez es más demandado, sobre todo por el sector tecnológico y hoy especialmente en la fabricación de coches eléctricos.
Hasta la fecha, y a la espera de la entrada en vigor del primer Tratado de Altamar, recientemente adoptado, la herramienta que rige es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, que recoge y supervisa lo relativo a la actividad minera de los fondos marinos.
Según la organización ecologista Greenpeace, el avance de esta industria podría constituir una de las nuevas y más extensas amenazas para los ecosistemas marinos del planeta con efectos negativos “duraderos e irreversibles”.
Según datos de la ISA se han concedido unos treintena contratos de exploración de los recursos marinos a compañías, empresas y “startups”. En total esas zonas de prospección ocupan más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados.
En 2023, la proposición no de ley española en demanda de una pausa precautoria argumentaba que “se trata de una actividad con enormes impactos potenciales, desde los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos y metales pesados a lo largo de la cadena trófica, hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina”.
