Un conflicto entre la Fundación para la Conservación de la Ciudad de La Antigua Guatemala (Fundantigua) y la Municipalidad de Antigua Guatemala surgió por el control de más de 500 cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio.
La disputa se intensificó el 23 de diciembre, cuando el Ministerio Público, con apoyo del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, intervino para recuperar el equipo, el cual Fundantigua asegura es de su propiedad.
La fundación señaló que el alcalde Juan Manuel Asturias se negó reiteradamente a devolver el sistema, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y turística. Fundantigua afirmó haber finalizado un convenio de cooperación debido a desacuerdos con la actual administración municipal, a la que acusa de desviar el uso del sistema de su objetivo principal: la seguridad.
Por su parte, la municipalidad indicó que la terminación del convenio fue unilateral y que inició un proceso técnico de auditoría e inventario para proteger información sensible antes de devolver los bienes.
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