En 2025, Guatemala experimentó una disminución del empleo formal y un incremento significativo del trabajo informal, fenómeno que se intensificó tras el aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo.
El CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) ha señalado que la informalidad laboral en Guatemala supera el 70 %, una cifra que evidencia la fragilidad estructural del mercado laboral. Según el sector productivo, el alza salarial se aplicó sin considerar las condiciones económicas de cada actividad, lo que afectó especialmente a las pequeñas empresas, incapaces de absorber mayores costos laborales sin reducir personal o migrar hacia la informalidad.
La maquila, la agricultura y las actividades de exportación fueron las más afectadas por el aumento de costos y la pérdida de competitividad en un país con deficiencias logísticas, infraestructura deteriorada y baja inversión en capital fijo. Esto provocó una caída en la afiliación al IGSS y una reconfiguración del empleo hacia esquemas informales.
De cara a 2026, el incremento propuesto del 12 % al salario mínimo podría agravar aún más la situación. El sector privado advierte que, sin mejoras en productividad ni en infraestructura, un ajuste tan elevado podría incrementar todavía más, la ya crítica tasa de informalidad laboral del país.
