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El Presupuesto 2025 ¿Un trampolín al desarrollo o una carga insostenible? Opinión de Melanie Mullers

La reciente aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025 en Guatemala, por un total de Q. 148,526.47 millones, no pasó desapercibida. Este incremento del 28.8 % respecto al año anterior encendió un debate acalorado entre el gobierno y las principales cámaras empresariales del país. Mientras el Ejecutivo celebra su diseño como un “avance histórico”, los sectores privados y económicos cuestionan su viabilidad y advierten sobre sus posibles repercusiones.

¿Gasto para avanzar o más de lo mismo?

El presupuesto refleja una marcada preferencia por los gastos corrientes y el servicio de la deuda, que juntos absorben el 80.1 % del total. Apenas un 19.9 % queda reservado para inversión pública, lo que desató críticas por parte del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras —CACIF—. Según el CACIF, esta estructura pone en jaque el propósito transformador que debería tener el presupuesto y evidencia una dependencia preocupante del endeudamiento para sostener el aparato estatal.

La Cámara de Industria de Guatemala —CIG—, por su parte, expresó un problema aún mayor: ¡el déficit presupuestario del 3.1 % proyectado! En términos simples, este nivel de déficit podría aumentar la inflación, encarecer la vida diaria de las familias y comprometer la competitividad empresarial. Según la CIG, exceder el umbral del 2 % no solo es peligroso, sino que podría ser el preludio de una crisis fiscal en el mediano plazo.

Transparencia, la eterna promesa incumplida

En un país donde los escándalos de corrupción no son novedad, la Cámara del Agro —Camagro— exigió mayor claridad en el manejo de los fondos públicos. Denuncian que el crecimiento desmesurado del gasto operativo y la falta de controles robustos pueden desviar recursos esenciales para proyectos que realmente transformen la vida de los guatemaltecos. En una línea similar, la Cámara de Comercio pidió enfocar el presupuesto en resolver problemas concretos, como la inseguridad, la pobreza y la deficiencia en infraestructura, antes que alimentar una burocracia inflada.

¿Será este presupuesto el trampolín que eleve a Guatemala hacia un mejor futuro o una carga que perpetúe los problemas estructurales del país? La respuesta dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para garantizar un manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos.

Ambas cámaras coinciden en un punto clave: la necesidad de una estrategia que no solo administre fondos, sino que logre resultados tangibles. Sin transparencia ni eficiencia, advierten, este presupuesto podría convertirse en otro ejercicio de frustración para los ciudadanos.

El discurso oficial: optimismo frente a las críticas

Desde el Ejecutivo, el presidente Bernardo Arévalo defendió el presupuesto con entusiasmo, describiéndolo como un instrumento sólido para mejorar áreas críticas como salud, educación e infraestructura. Para Arévalo, este plan financiero no solo responde a las necesidades urgentes del país, sino que también allana el camino hacia un desarrollo más inclusivo. Sin embargo, su optimismo contrasta con las advertencias de los analistas y líderes empresariales, quienes temen que las buenas intenciones no sean suficientes para manejar una economía cada vez más presionada.

¿Un paso adelante o hacia el abismo?

El debate sobre el presupuesto del 2025 no es solo una discusión técnica. Es un espejo de las tensiones entre la visión oficial y las prioridades del sector productivo del país. Por un lado, está el gobierno, por el otro, el sector empresarial, que señala con firmeza las alarmas fiscales y los riesgos de sobreendeudamiento.

La gran pregunta es: ¿Será este presupuesto el trampolín que eleve a Guatemala hacia un mejor futuro o una carga que perpetúe los problemas estructurales del país? La respuesta dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para garantizar un manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos. Porque, al final, los números aprobados en papel deben transformarse en acciones que impacten la vida de los guatemaltecos. Solo entonces el presupuesto del 2025 dejará de ser una promesa para convertirse en un hecho.