El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional el presupuesto general del Estado para el 2025, que asciende a Q149,000 millones, un incremento del 7 % respecto al 2024. Este presupuesto encendió las alarmas por el endeudamiento, asignaciones dudosas y un déficit fiscal que alcanzará el 3.1 %, el más alto en años recientes, lo que según expertos podría amenazar la estabilidad macroeconómica del país.
Entre las asignaciones más destacadas está la entrega de $454 millones al Ministerio de Comunicaciones para la rehabilitación de la red nacional de carreteras, una tarea que la administración de Arévalo de León no logró resolver en el2024.
Adicionalmente, se aprobaron $155 millones para la construcción de un sistema de metro en la Ciudad de Guatemala, un proyecto cuya ejecución es incierta debido a la baja capacidad de gestión del gobierno actual.
El presupuesto, financiado en un 31 % mediante endeudamiento, ha sido tildado de “insostenible” y “poco realista”. La Superintendencia de Administración Tributaria prevé ingresos tributarios por Q105 millardos, dejando un déficit de Q47 millardos, una brecha que solo podrá cubrirse con más deuda. Este escenario, según analistas, podría generar inflación y una devaluación del quetzal, impactando directamente en el costo de la canasta básica y el poder adquisitivo de los guatemaltecos.
Las cámaras empresariales también criticaron que el presupuesto prioriza gastos de funcionamiento sobre inversión en áreas claves como las carreteras principales, el desempeño portuario y el aeropuerto, señalando además la baja ejecución del gobierno.
Para muchos, este presupuesto no solo compromete las finanzas públicas, sino también la estabilidad económica del país. ¿Es este un plan de desarrollo o una carga histórica para los guatemaltecos?
