La administración Trump suspendió todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países catalogados como de “alto riesgo”, tras el tiroteo ocurrido en Washington D.C. en el que un solicitante afgano —bajo investigación— fue señalado como detonante de la medida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la suspensión aplica a personas nacidas o ciudadanas de naciones como Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Cuba, Venezuela y otros incluidos en una proclamación presidencial previa que ya imponía restricciones de entrada.
El DHS ordenó un proceso de revisión más estricto que puede incluir nuevas entrevistas, verificaciones biométricas, revisión de redes sociales y controles adicionales. Expertos y abogados consultados señalaron que la política podría ser cuestionada en tribunales y criticaron que permite rechazos basados en nacionalidad, religión o asociaciones, comparándola con las medidas de vigilancia posteriores al 11-S.
Especialistas advierten que la pausa incrementará la burocracia y retrasará trámites que antes tardaban meses, extendiéndolos potencialmente a varios años. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, defendió la medida y propuso incluso una prohibición total de viaje para países cuyos ciudadanos hayan cometido delitos en EE.UU., aunque sin presentar pruebas. Académicos subrayan que los solicitantes ya enfrentan un escrutinio riguroso y alertan sobre la expansión de criterios “nebulosos” de inadmisibilidad.
