Victimismo de lucha de clases elevado al plano geopolítico
El término “financiamiento climático” es un eufemismo casi poético para describir un sistema de extorsiones monetarias globales disfrazado de salvación planetaria. Se presenta como una solución noble y necesaria para enfrentar el cambio climático, pero en realidad es un mecanismo de redistribución de riqueza impuesto por acuerdos internacionales que benefician principalmente a las burocracias y organizaciones intermediarias.
Benefician principalmente a las burocracias y organizaciones intermediarias.
COP 29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se ha consolidado como un foro donde el discurso predominante no es tanto sobre el cambio climático, sino sobre la transferencia masiva de recursos de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Bajo el discurso de “pérdidas y daños”, esta cumbre ha intensificado la presión para que las economías avanzadas paguen por los supuestos efectos negativos del cambio climático en las naciones más pobres, dejando de lado matices fundamentales y avances históricos. Es redistribución disfrazada de justicia climática, el paradigma del victimismo de lucha de clases elevado al plano geopolítico; la prosperidad de unos es culpable de la pobreza de otros.
El discurso de COP 29, al igual que en cumbres anteriores, se basa en una perspectiva que caricaturiza a los países desarrollados como agresores históricos y a los países pobres como víctimas perpetuas. Este marco simplista ignora realidades complejas, como los beneficios derivados del progreso global liderado por las naciones industrializadas.
El enfoque postmodernista de la ONU y COP 29 parece menos interesado en abordar soluciones prácticas al cambio climático y más enfocado en imponer una narrativa ideológica con agenda redistributiva. Los US$300 mil millones anuales comprometidos por los “países ricos” en COP 29 no satisfacen las demandas de los delegados del “Sur Global”, quienes consideran esos fondos como un derecho adquirido. Algunos delegados y activistas calificaron los $300 mil millones anuales como un “insulto”, exigiendo “trillones, no billones” en subvenciones “climáticas”. Una activista afirmó: “Nos han quitado recursos durante cientos de años… No estamos pidiendo caridad, estamos exigiendo justicia”.
La retórica de la justicia climática es un ardid político para canalizar recursos financieros masivos hacia gobiernos y organizaciones no gubernamentales, sin garantías de que estos fondos se usen para mitigar o adaptarse al cambio climático.
La interdependencia global no es unidireccional; el progreso en ciencia, tecnología e instituciones ha transformado la vida en todas las regiones del mundo. Ignorar esto en el marco de COP 29 refuerza un enfoque miope y contraproducente que perpetúa una narrativa de victimismo y conflictividad en lugar de promover un diálogo constructivo sobre soluciones. COP 29 refleja un fracaso en abordar el cambio climático de manera realista y razonable; es un triunfo de la retórica ideológica sobre el pragmatismo. Al priorizar transferencias de riqueza bajo una narrativa de culpa y reparación histórica, la ONU desvía la atención de problemas reales de la pobreza y soluciones sostenibles.
Por cierto, Azerbaiyán produce 1.5 millones de barriles diarios de petróleo y posee enormes reservas de hidrocarburos que tiene planes de ordeñar en el futuro, por más que agiten afiches las “víctimas”. Innumerables aviones privados y comerciales arribaron en Bakú con miles de delegados y activistas, para discutir cómo salvar al planeta mientras disfrutan de aire acondicionado y delicadezas gastronómicas.
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