El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que 49 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, incomunicación, tortura, juicios injustos y discriminación política y religiosa. Cuatro años después, organizaciones como Prisoners Defenders continúan documentando casos y exigiendo justicia.
Los dictámenes, presentados en el 103° período de sesiones del organismo, señalan que muchos detenidos no fueron informados de los motivos de su arresto, no tuvieron acceso a abogados, no fueron llevados ante un juez en los plazos establecidos y permanecieron incomunicados durante días o semanas. El GTDA afirmó que las acusaciones contra los manifestantes buscan castigar sus opiniones políticas y desalentar futuras protestas.
Prisoners Defenders analizó documentación de 520 detenidos, aunque la ONU solo ha podido resolver una parte por limitaciones de recursos. Según la organización, estas conclusiones sitúan a Cuba como el país con más condenas por detención arbitraria desde 2019, lo que califican como un fallo “histórico”.
La ONU declaró “ilegal” la actuación del Gobierno cubano, instó a liberar e indemnizar a los 49 presos analizados y pidió investigar de forma independiente las violaciones denunciadas.
