La iniciativa 6486 propone la creación de la Ley de Beneficiario Final, una normativa que busca identificar a las personas que ejercen control real o se benefician económicamente de empresas, sociedades, fideicomisos y otras estructuras jurídicas en Guatemala.
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) respaldan la propuesta, afirmando que fortalecerá la transparencia fiscal y permitirá combatir delitos como lavado de dinero, evasión tributaria, corrupción y financiamiento a estructuras criminales. Actualmente, la iniciativa está en estudio en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso.
No obstante, sectores empresariales y analistas advierten que esta normativa podría generar serias vulnerabilidades. Revelar la identidad de los beneficiarios finales implicaría exponer a los verdaderos dueños de empresas en un país afectado por extorsiones, crimen organizado y ataques a comercios, lo que eleva los riesgos de seguridad personal, patrimonial y operativa. Consideran que, sin mecanismos robustos de protección de datos, esta información podría filtrarse o ser mal utilizada, generando un clima de incertidumbre para inversionistas nacionales y extranjeros.
Los críticos también temen que la medida derive en un exceso de control estatal, pues obliga a entregar información sensible que podría usarse con fines distintos a los fiscales. La iniciativa contempla un Registro de Beneficiarios Finales administrado por la SAT, donde las personas jurídicas deberán reportar nombres, documentos de identificación, nacionalidad, residencia y porcentaje de participación.
Para los detractores, la combinación de inseguridad, datos sensibles y posible intervención estatal podría desincentivar la inversión y afectar la competitividad del país.
