Los indicadores más críticos fueron el Estado de derecho (2.85), el control de la corrupción (2.76) y el registro de propiedad (3.06). Aunque se ha avanzado en la digitalización del Registro General de la Propiedad, los trámites siguen siendo lentos y poco confiables. Además, el acceso al financiamiento cayó -0.78 puntos, ya que miles de guatemaltecos no pueden usar sus bienes como garantía por falta de títulos formales.
Durante el Foro 2025: “Propiedad y Desarrollo”, Andrea Cáceres y Nils Leporowski, del Observatorio de Derechos de Propiedad, coincidieron en que el problema no es la ausencia de leyes, sino su incumplimiento sistemático.
Los desalojos, además, dependen de una coordinación institucional casi imposible: si el juez o el Procurador de los Derechos Humanos no asisten, o si la Policía Nacional Civil no dispone de agentes, la acción se suspende.
La consecuencia es devastadora. Cuando la propiedad no está protegida, los activos pierden valor económico. Sin certeza jurídica no hay inversión.
