El Decreto 11-2025 del Congreso de la República, que da vida a la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas, fue publicado el 10 de noviembre en el Diario de Centro América, tras ser sancionado por el presidente Bernardo Arévalo. La normativa entrará en vigor el 11 de noviembre.
La nueva ley establece un marco jurídico para identificar, sancionar y perseguir a grupos criminales organizados, reconociendo expresamente a las maras y pandillas, entre ellas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, como organizaciones criminales transnacionales y terroristas. También abarca a otras estructuras que cometan actos de violencia, intimidación o amenazas contra la seguridad pública.
Entre las principales disposiciones, la ley tipifica el reclutamiento ilícito de menores, con penas de hasta 18 años de prisión y multas entre Q100 mil y Q300 mil. Además, sanciona la usura con penas de cuatro a diez años de cárcel y multas de Q200 mil a Q500 mil.
El decreto también destina Q200 millones al Ministerio de Gobernación para la adquisición de equipo destinado al combate de estos grupos criminales, y contempla la construcción de una cárcel especializada para pandilleros.
La promulgación de la ley ocurre en medio de una crisis de seguridad nacional, tras la fuga de 20 reos del Centro de Detención para Hombres de Fraijanes II, incidente que marcó el contexto de su aprobación y sanción.
