La iniciativa de ley antilavado 6593 promete reforzar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero surgen preguntas incómodas: ¿realmente estamos preparados para aplicarla de manera efectiva? ¿Bancos, notarios y proveedores de servicios de activos virtuales saben cómo identificar operaciones sospechosas y reportarlas correctamente a la Intendencia de Verificación Especial (IVE)?
Las sanciones previstas, que alcanzan hasta US$500 mil, plantean otra interrogante: ¿serán efectivas o terminarán paralizando a las instituciones? La ABG recomienda criterios escalonados y capacitación intensiva para evitar que el miedo a las multas opaque la prevención.
El enfoque basado en riesgos y la tecnología avanzada prometen priorizar operaciones relevantes, pero, ¿se están utilizando realmente estas herramientas o solo existen en el papel?
Además, la coordinación institucional mediante el Conclaft es clave. ¿Logrará este nuevo órgano garantizar que la información fluya de manera ágil entre autoridades, sector financiero y Ministerio Público, evitando duplicidades y retrasos que puedan entorpecer la investigación de delitos?
Estas preguntas no buscan alarmar, sino subrayar la necesidad de un marco claro, capacitación real y coordinación efectiva. Solo así la ley 6593 podrá cumplir su objetivo: proteger la economía, fortalecer la confianza en el sistema financiero y prevenir delitos financieros. De lo contrario, ¿corregiremos los problemas antes de que se conviertan en crisis?
