La Ley de Insolvencias de Guatemala (Decreto 8-2022), aprobada en febrero de 2022 y publicada en marzo, entró en vigor en septiembre.
Sustituye y modifica normas del Código Procesal Civil y Mercantil y del Código de Comercio, con el objetivo de favorecer la recuperación financiera de personas y empresas afectadas por problemas de liquidez, sin considerarlos únicamente morosos frente a acreedores.
Inspirada en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU., la Ley prioriza la continuidad del negocio como fuente de pago de deudas, permitiendo reorganizar el patrimonio y mantener operaciones activas. Esto beneficia tanto a deudores como a acreedores, ya que un negocio en marcha aumenta la capacidad de cumplir obligaciones y conservar empleos.
Entre sus ventajas destacan: aplicabilidad a personas físicas y jurídicas, planes de reorganización extrajudicial negociados directamente entre deudor y acreedores, revocabilidad de contratos que perjudiquen a los acreedores y categorización de créditos con prelación de pago.
Para operativizar la Ley se crearán los cargos de registrador, subregistrador y secretario general, encargados de administrar el registro de administradores concursales. El reglamento ya recibió dictamen favorable del Organismo Judicial, está en revisión por la Secretaría General de la Presidencia y su implementación completa se proyecta antes del inicio de 2026.
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