En Colombia, la falta de participación y los desacuerdos entre los distintos sectores que ahora comparten el poder en la política colaborativa han derivado en una situación caótica. Este contexto ha permitido que organizaciones, entidades e incluso funcionarios que no deberían tomar decisiones sobre políticas públicas lo hagan, resultando en leyes, acuerdos y decretos que impulsan la imposición de la ideología de género en todos los niveles. Estas medidas han generado un impacto directo en la estructura fundamental de la sociedad, afectando principalmente a la familia y, en particular, a los niños.