Un informe del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) revela una campaña sistemática encabezada por China y Rusia para debilitar el sistema de derechos humanos de la ONU mediante tácticas presupuestarias. El estudio, basado en entrevistas y documentos entre 2019 y 2024, detalla cómo ambos países han transformado la Quinta Comisión de la Asamblea General —encargada del presupuesto— en un campo de batalla político.
China actúa como un “obstruccionista silencioso”, bloqueando consensos a través del G77+China e influyendo en organismos técnicos. Rusia, por su parte, adopta un rol más confrontativo, presentando propuestas extremas para eliminar fondos destinados a investigaciones sobre violaciones en países como Irán, Venezuela, Corea del Norte y Ucrania.
Entre las propuestas recurrentes se encuentran la eliminación total de financiamiento para resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, la reducción del 50% del presupuesto operativo de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), y recortes dirigidos a investigaciones clave.
A esto se suma una grave crisis de liquidez en la ONU, agudizada por el impago de Estados Unidos (bajo la administración Trump) y los pagos tardíos de China. Al cierre de septiembre de 2025, EE.UU. debía 1.500 millones de dólares, y China 192 millones.
El impacto ya es evidente: cancelación de investigaciones, suspensión de visitas de expertos y recorte de sesiones de órganos de derechos humanos. La Iniciativa ONU80, lanzada por António Guterres, propone además un recorte adicional del 15,2% al presupuesto de derechos humanos para 2026.
El informe concluye que esta ofensiva busca reemplazar el enfoque universalista de derechos humanos por uno centrado en la soberanía estatal, debilitando gravemente la capacidad de la ONU para proteger a las víctimas de violaciones graves en todo el mundo.
