El fallido veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 7-2025 deja más preguntas que respuestas. Esta normativa, ratificada por el Congreso, permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) conserven fondos públicos no ejecutados, en lugar de devolverlos al Fondo Común como establece la ley. La medida continúa lo aprobado en 2024 con el Decreto 27-2024, que ya había debilitado los controles sobre el uso de estos recursos.
Más allá del tecnicismo, la jugada parece clara: asegurar recursos sin control desde ahora y retenerlos para 2026, un año preelectoral. Se consolida así una norma que alimenta estructuras clientelares, mientras el Ejecutivo se muestra débil. Llamarlo “error” parece ingenuo; todo apunta a una estrategia premeditada con consecuencias institucionales graves.
