El Congreso de la República aprobó en tercera lectura la iniciativa de ley 5692, conocida como Ley Antipandillas, con el objetivo de fortalecer el combate contra las maras en Guatemala.
La aprobación se logró tras más de dos horas de negociación entre jefes de bloque, y fue respaldada por más de 134 diputados, a pesar del rechazo del presidente Bernardo Arévalo y del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quienes se habían resistido a declarar terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18.
Esta negativa contrastaba con decisiones internacionales, como la del presidente Donald Trump, quien declaró a estas pandillas como organizaciones terroristas durante su gobierno en EE. UU.
La nueva ley permite que el fiscal general solicite a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, la inclusión formal de estos grupos en el catálogo de terrorismo. También amplía la Ley Contra la Delincuencia Organizada para incluir delitos como extorsión, trata de menores, violación, tráfico de vehículos robados y obstrucción extorsiva del tránsito, con penas de 14 a 18 años de prisión, que pueden aumentar si los delitos son cometidos por pandilleros o si se involucra a menores.
Además, la normativa prohíbe que reos tengan dinero en exceso, celulares, internet o drones. El Sistema Penitenciario deberá mantener una base de datos actualizada.
Esta ley responde al clamor ciudadano ante el aumento de violencia y la reciente fuga de más de 20 reos peligrosos, lo que evidenció la ineficiencia del Ministerio de Gobernación.
